El Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha contempla medidas encaminadas a la formación en perspectiva de género y a la incorporación al mercado laboral de la mujer, así como hacer explícita su aportación al medio rural, "no siempre reconocida y a veces silenciada".

La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha informado sobre este asunto en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos "en favor de la igualdad y la transversalidad" que ha abordado este lunes la reunión del Consejo Regional de las Mujeres.

Las entidades feministas que forman parte del Consejo Regional de la Mujer han debatido las diferentes propuestas y medidas a incorporar al futuro Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, una norma con rango de ley que incorporará novedades para "hacer más explícito" el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo rural sostenible y la perspectiva de género.

A este respecto, ha recordado que el Estatuto de las Mujeres Rurales es un "compendio de medidas" que ya incluye normas como la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género, la Ley de Igualdad o el Plan Estratégico para la Igualdad de Hombres y Mujeres, que se ha aprobado recientemente.

Se compone de varios títulos vinculados a sectores que "dinamizan la vida" de los municipios, cuatro de ellos relacionados con el sector agrario, con el fin de apostar por el "empoderamiento" y la "visibilización" de la mujer como "agente activo a la hora de promover un desarrollo rural más sostenible pese a que sus aportaciones no siempre son reconocidas y a veces están silenciadas".

"Estamos en el momento de participación y de perfeccionamiento del borrador que se ha expuesto por parte de la Consejería de Agricultura", ha afirmado Araceli Martínez, quien ha recordado que esta norma tendrá que recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno y el Consejo Consultivo antes de llegar a las Cortes regionales.

Órgano de vigilancia

Por otra parte, el Consejo Regional de la Mujer ha abierto un proceso de participación para decidir la estructura y contenidos del órgano de vigilancia de lo que se publica en las redes sociales, los medios de comunicación y el ámbito publicitario, tal y como se contempla en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género aprobada en octubre en las Cortes regionales y que no todavía no se ha desarrollado.

El objetivo de este órgano, que estará en funcionamiento en primavera, pasa por "rechazar a través de la visión de expertos como en algunas ocasiones de forma voluntaria y en otras de manera preocupante se ofrece una imagen estereotipada de las mujeres y se expande el sexismo", pues "las redes sociales son un canal donde se ejerce violencia contra las mujeres" y, a su modo de ver, "hay que ofrecer una mejor atención a las víctimas" en el espacio virtual, ha dicho Martínez.

Este órgano colegiado, que contará con la participación de asociaciones de mujeres y organizaciones feministas de la región, tendrá encomendada la función de elaborar una memoria anual que se adjuntará al informe sobre los malos tratos que cada año se expone en el parlamento regional.

El Consejo Regional de las Mujeres también ha aprobado crear un grupo de trabajo para realizar el seguimiento de las metas en materia de género de la Agenda 2030, la hoja de ruta de la comunidad internacional para el período 2016-2030 que contempla, entre otros objetivos, la erradicación de la pobreza y el fomento de un desarrollo sostenible e igualitario.