El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas Económicas Sociales y Tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha para su envío a las Cortes regionales, a las que va a solicitar su tramitación por el procedimiento de urgencia con vistas a que pueda ser aprobada en el mes de abril.

La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, ha informado en rueda de prensa de los asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno y ha explicado que se pretende con ello que la Estrategia Regional frente a la Despoblación que se está diseñando entre en funcionamiento cuanto antes.

Fernández ha añadido que la ley es una “apuesta definitiva” por las zonas rurales, para consolidar servicios que fueron recortados, garantizar la igualdad de oportunidades y hacer frente al reto demográfico en una región donde “cientos de miles de personas viven en pequeñas zonas rurales y quieren seguir viviendo allí.

La ley se estructura en siete títulos y 75 artículos en los que se recogen, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional frente a la Despoblación y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, dos herramientas de planificación para abordar el desarrollo de los diferentes tipos de zonas rurales; el uso de la contratación pública para hacer frente a la despoblación y la garantía de servicios públicos básicos; la diversificación económica, el fomento del empleo, el apoyo al sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento de las energías renovables y la garantía de la conectividad en el ámbito de cohesión territorial.

Se busca también la cohesión social con medidas de apoyo a la conciliación y se establecen beneficios fiscales para quienes residan en las zonas más afectadas por la despoblación.

La portavoz ha destacado el carácter participativo, novedoso y transversal de esta nueva normativa, que garantiza la igualdad de oportunidades e incorpora la fiscalidad para luchar contra la despoblación y conceptos como el impacto demográfico o la estancia efectiva, que conlleva el empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de los hijos.

Se trata, según ha resumido Fernández, de una ley para "garantizar el desarrollo integral del medio rural, que presta especial atención al reto demográfico y la lucha frente a la despoblación, que garantiza el acceso a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades en el medio rural para la cohesión social y territorial de la región, y todo ello en el marco de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres".

Y esto es esencial en una región como Castilla-La Mancha en la que más del 90 por ciento de su territorio es rural, en la que más de la mitad de sus municipios tiene menos de 500 habitantes y solo nueve sobrepasan los 30.000 habitantes, ha dicho la consejera.

Ha apuntado además que ya se ha cerrado el proceso de participación por el que se ha preguntado a los ciudadanos sobre once cuestiones para elaborar la Estrategia Regional frente a la Despoblación relacionadas con las razones para vivir en el medio rural, el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales, la atención a la infancia o la oferta de cultura y ocio, y en total, 2.078 personas han respondido al cuestionario.