La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha puesto este miércoles fecha de caducidad a la vigencia del estado de alarma, que el Ejecutivo busca levantar en el mismo momento en que concluya la actual fase de desescalada "a finales de junio o primeros de julio", si todo va bien.

Y ha avanzado la intención del Ejecutivo de proponer con rapidez reformas legislativas para que el país esté pertrechado en el futuro para responder ante eventuales rebrotes de la enfermedad de la COVID-19 sin que sea necesario recurrir de nuevo al estado de alarma.

En su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Senado, Calvo ha confirmado que el Gobierno ha empezado a plantear a los grupos parlamentarios la posibilidad de solicitar una quinta y última prórroga del estado de alarma por un periodo de "más o menos un mes", de manera que abarque hasta el final del proceso de desescalada por el cual las Comunidades Autónomas van relajando de manera progresiva y a distintas velocidades, en función de la evolución de la epidemia en sus territorios, las restricciones impuestas desde la instauración del estado de alarma el pasado 14 de marzo.

Entre los grupos políticos con los que ha conversado Calvo acerca de esta posibilidad ha incluido a la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien el martes mantuvo una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco del compromiso asumido por éste de informarle periódicamente de la evolución de la pandemia. La formación 'naranja' informó tras esta conversación de que Sánchez no había compartido con Arrimadas sus planes sobre la posibilidad de pedir una prórroga de un mes del estado de alarma, a diferencia de los 15 días habituales de ampliación que ha venido solicitando el Gobierno al Congreso.

Calvo ha detallado este miércoles que sí ha tenido oportunidad de hablar con Arrimadas acerca de esta cuestión, si bien no ha precisado en qué momento tuvo lugar su conversación con la líder 'naranja'. Ha precisado en cambio que con ella habló de que sería "más cómodo" para los Gobiernos autonómicos contar con el plazo de un mes para aplicar la relajación de las medidas en sus respectivos territorios, dado que es intención del Ejecutivo darles cada vez más autonomía para aplicar la desescalada en sus respectivos ámbitos de actuación. También una prórroga de un mes aportaría una mayor certidumbre a las empresas, ha argumentado la vicepresidenta.