Ha pasado un año desde el 14 de marzo de 2020. Aquel día quedará para siempre en la memoria de los españoles como el que sirvió para que el Gobierno aprobara un estado de alarma con unas restricciones y efectos que muy pocos pensaban que se iban a prolongar hasta 2021. Menos aún, que iba a costar la vida a más de 5.700 castellano-manchegos hasta el parte del último viernes.

Todo eran incertidumbres aquel sábado en el que entró en vigor el decreto del estado de alarma, que limitaba como nunca antes en democracia las libertades de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Las dudas, incluso, se extendieron a cuándo se desplegarían sus efectos, puesto que a pesar de ser de inmediata aplicación muchos consideraban que hasta el lunes no se iniciarían las restricciones.

A lo primero que se tuvieron que acostumbrar los ciudadanos fue al parte diario de contagios, internos en hospitales y defunciones a causa del coronavirus. Durante el inicio del estado de alarma, la curva creció sin parar hasta colapsar las UCI de unos hospitales, que no estaban preparados para dar respuesta a la cantidad de ingresos que empezaron a registrar. En aquellas semanas, las comunidades estaban bajo el paraguas del Ejecutivo de Sánchez, pero también hacían la guerra por su cuenta en el acopio de material sanitario, produciéndose situaciones esperpénticas como la de los respiradores que Turquía retuvo en sus aeropuertos y que tenían como destino la región.

El oasis del verano

Con el fin del estado de alarma, el 21 de junio, se abrió la puerta a un verano en el que muchos intentaron recuperar el pulso con la normalidad después de cien días de restricciones. Se relajaron las medidas para evitar la movilidad, aunque se decretó el uso obligatorio de la mascarilla, puesto que la situación epidemiológica no era tan grave como la vivida en primavera, y se preparó el inicio de un curso con polémica. Castilla-La Mancha no fue una excepción y, a pesar de las voces que apuntaban a los centros educativos como lugares de contagio, se apostó por una estrategia que baraja tres escenarios en función de la expansión del virus.

La pandemia pasó a controlarse entonces con medidas restrictivas aplicadas a los municipios que presentaran unas cifras que comprometieran la situación sanitaria. Sin embargo, estas limitaciones o confinamientos locales no tardaron en hacerse generales cuando los puentes de octubre y sobre todo las festividades de diciembre, en las que se entró con Castilla-La Mancha en riesgo extremo, hicieron que se solaparan la estabilización de la segunda ola con el nacimiento de la tercera, la más cruenta de todas. Para ello, el Ejecutivo central decretó otro estado de alarma, que otorgaba facultades a los gobiernos de las comunidades para dictar restricciones como los toques de queda, y que con la autorización del Congreso estará vigente al menos hasta el 9 de mayo de 2021.

Sólo el inicio de la campaña de vacunación, que tuvo su estreno precisamente en Guadalajara, insufló una pequeña alegría a la ciudadanía, que vio en Araceli la imagen de la esperanza. La luz al final de un túnel al que todavía le quedaban muchos puntos de oscuridad que se iban a revelar con el inicio de 2021.

Temporal y confinamiento

El comienzo de 2021 ha sido muy duro para Castilla-La Mancha, puesto que a los crueles efectos de la pandemia, a pesar de que las UCI no llegaron nunca a colapsarse como en marzo de 2020 al estar más preparados, se unieron los desastres provocados por el temporal Filomena. Más de medio metro de nieve en muchas localidades de la región y municipios incomunicados por completo causaron unos estragos que todavía se dejan notar. Entre ellos, por ejemplo, las averías del Hospital de Toledo, que se quedó sin calefacción y otros servicios en plena pandemia y ola de frío.

El aumento significativo de los casos llevó al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, a restringir todo lo posible la movilidad con el cierre perimetral de todos los municipios de Castilla-La Mancha y de la actividad no esencial. Un duro golpe a la economía pero que se justificó como la única forma de reducir una incidencia acumulada desbordada y que amenazaba con saturar de nuevo los servicios sanitarios. Se consiguió mitigar la expansión de la pandemia, pero se dejó tocados a varios sectores, como bien reflejaron protestas como la de los hosteleros de toda la región.

Ahora que se cumple justo un año del decreto del estado de alarma, Castilla-La Mancha encara las próximas jornadas con la situación epidemiológica relativamente controlada, pero con las alarmas encendidas. Por ello, la región se encuentra bajo un nuevo manto de medidas restrictivas que impedirán que la movilidad vuelva a disparar los casos. Se quiere evitar lo que sucedió en Navidad y que, sobre todo, las más de 5.700 víctimas de este año de pesadilla se conviertan en muchas más.