El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha presentado en la Casa de la Juventud de Talavera de la Reina (Toledo) el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, donde ha destacado que Castilla-La Mancha contará con una ayuda estatal máxima de 57,7 millones de euros para subvenciones en el marco de dicho Plan, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha presentado estos datos en una reunión con jóvenes en la Casa de la Juventud de Talavera de la Reina, junto con el alcalde de la ciudad, Jaime Ramos, y la concejal Montaña Palacios, con quienes ha abordado la “apuesta del Gobierno de España por la juventud y por las zonas rurales con la aprobación de este Plan”.

En este sentido, Gregorio ha subrayado que este importe representa un incremento de más de 25 millones de euros con respecto a la cuantía máxima establecida en el anterior Plan de Vivienda 2013-2016, que ascendió a 32.206.400 euros en el caso de Castilla-La Mancha.

Para poder lograr esta cuantía máxima, Gregorio ha recordado que Castilla-La Mancha, como el resto de las comunidades y ciudades autónomas, tendrá que aportar un 30 % adicional a la financiación que le corresponde en este plan.

La gestión de las ayudas del plan corresponderá, como en los anteriores, a las comunidades autónomas. La colaboración entre ellas y el Ministerio de Fomento se instrumentará mediante los convenios correspondientes, en los que se establecerá la previsión de financiación a aportar en cada anualidad por la Administración General del Estado, así como los compromisos de cofinanciación de las actuaciones que, en su caso, asuma la comunidad autónoma o ciudades de Ceuta y de Melilla.

Los detalles del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha respondido a las preguntas planteadas por los representantes de asociaciones de jóvenes presentes en la reunión y ha destacado que “este nuevo Plan Estatal de Vivienda tiene dos grandes objetivos: contribuir al incremento del parque de viviendas en alquiler y fomentar la rehabilitación y regeneración urbana y rural”.

En este sentido, contempla ayudas para el alquiler de viviendas a personas cuyos ingresos, sumados los de todos los miembros de la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM. Estas ayudas serán de hasta el 50 % de la renta y para alquileres de hasta 600 euros/mes o, en algunos supuestos, hasta 900 euros/mes.

El límite de la ayuda es, con carácter general, del 40 % de la renta. Este porcentaje se eleva hasta el 50 % para los menores de 35 años y los mayores de 65. Para los jóvenes, se otorgan además ayudas para la adquisición de vivienda en municipios de menos 5.000 habitantes, lo que ayudará a reducir la despoblación en el ámbito rural.

También se conceden ayudas de hasta el 100 % de la renta a las personas en situación de desahucio de su vivienda habitual para el alquiler de viviendas disponibles de las entidades financieras u otros propietarios.

Además, recoge ayudas para la promoción de viviendas, ya sean públicas o privadas, destinadas al alquiler durante un plazo no inferior a 25 años. Estas viviendas no pueden alquilarse por encima de un nivel de renta y se destinarán a familias con ingresos limitados.

Ayudas a la rehabilitación edificatoria

Asimismo, se conceden ayudas a la rehabilitación edificatoria: mejora de la eficiencia energética, conservación y mejora de la accesibilidad de viviendas y edificios; ayudas a la regeneración y renovación urbana y rural con un énfasis en los supuestos de infravivienda y chabolismo o ayudas a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbana y rural.

Por otro lado, se conceden ayudas a la promoción de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad con objeto de destinarlas al alquiler durante un plazo mínimo de 40 años. Se trata de viviendas con instalaciones y servicios comunes adaptados y con alquiler limitado. Están destinadas a arrendatarios con pocos ingresos.

Gregorio ha concluido que el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 refuerza la cooperación y coordinación interadministrativa y fomenta la corresponsabilidad en la financiación y en la gestión en esta materia, cuya competencia exclusiva es de las administraciones autonómicas y locales.