El presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña, ha "suplicado" el cese de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

"Suplico, sí, suplico su cese inmediato, con unos argumentos objetivos, comprobables y sujetos a documentos oficiales", ha solicitado Gómez-Ocaña en un comunicado, en el que ha basado su petición en ocho motivos.

En primer lugar, ha denunciado que, "después de dos años al frente de la Consejería de Bienestar Social, la señora Aurelia Sánchez sigue manteniendo el decreto de reconocimiento de la situación de dependencia legislado por Cospedal".

A su juicio, el actual Ejecutivo sigue "el macabro camino que se inició para la desaparición de los derechos de las personas en situación de dependencia, además de incumplir de forma vergonzante lo que su partido firmó en el Pacto por la Dependencia un mes antes de las últimas elecciones autonómicas".

5.458 expedientes

En segundo lugar, ha criticado que Sánchez "tiene en los cajones 5.458 expedientes, cifra que coincide exactamente con los que había a fecha 31 de mayo de 2015".

Gómez-Ocaña también ha dicho que "hay más de 16.000 dependientes afectados por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM)" que "declaró nulo de pleno derecho la orden por la que se regulaban las prestaciones o servicios que debían recibir los dependientes".

En este sentido, ha lamentado que, "a día de hoy, no se ha hecho gestión alguna para devolver los derechos que supuso la pérdida de miles y miles de prestaciones o servicios para este colectivo".

En cuarto lugar, el presidente de la Plataforma se ha quejado de que "se están reclamando, de forma sistemática, cantidades supuestamente cobradas de forma indebida por miles de dependientes", lo que significa, ha añadido, que se continúa con lo iniciado por el anterior Ejecutivo.

Además, ha apuntado que "el 99 por ciento de las ayudas técnicas que facilitan la movilidad dentro del domicilio de la persona dependiente, no son aptas para sus necesidades".

En sexto lugar, ha denunciado que "no se ha puesto en marcha la tarjeta acreditativa de cuidador de dependiente, tarjeta que supone cero euros de coste para la Administración" y, como séptimo argumento, ha señalado que "hay más de 20.000 dependientes que tienen por ley el derecho a ser atendidos y que no reciben prestación ni servicio alguno".

Por último, ha advertido de que "la masacre que se está realizando con las familias que reciben una prestación económica, prestación miserable", supera "el ritmo de pérdidas que se dio con el Gobierno de Cospedal".

"Nos sentimos utilizados como muñecos para hacer campaña electoral y conseguir llegar al poder", ha criticado Gómez-Ocaña.