Ecologistas en Acción ha hecho público un comunicado en el que exige responsabilidades políticas inmediatas en el caso del incendio de Chiloeches (Guadalajara).

Explican en su nota que el juzgado y la fiscalía coinciden en acreditar la existencia de unatrama criminal en la que estarían involucradas 18 personas fisicas ytres jurídicas. Entre las físicas, seis altos cargos de laadministración de Castilla-La Mancha, dos de ellos en ejerciciotodavía, un ex alcalde de la localidad y los 11 titulares y gestores delas tres empresas vinculadas a la planta y a la gestión de susresiduos.

Apuntan también a que el incendio fue intencionado y derivó en unosdaños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetrode la instalación. Ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladasde residuos peligrosos. Esto residuos generaron una inmensa pluma decontaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento dela población sensible cercana, vertidos al río Henares conconsecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la
contaminación de miles de toneladas de tierra.

El escrito del juzgado pone de manifiesto cómo las empresas KukMedioambiente, Grupo Layna y Salmedina son responsables de la gestiónilegal de más de 50.000 toneladas de residuos peligrosos para lucrarsecon ello. Esta actividad ilícita se inicia al menos en 2006 y se llevaa cabo ante la inacción, cuando no connivencia, de quienes debieranvigilar tales ilegalidades y los riesgos derivados para el medioambiente.

Por esos motivos se imputan diversos delitos por los que solicitangraves penas de hasta tres años de cárcel y 13 de inhabilitación aaltos cargos de la administración regional. Desde el entoncesViceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González, hasta los tresdirectores generales, dos de Gobiernos del PSOE y una del PP, y los dosjefes de servicio que siguen hoy en sus funciones en la Consejería deDesarrollo Sostenible, José María Michelena y Olga Villegas.

"La investigación y el auto del juzgado sobre el incendio de Chiloechesponen de manifiesto un sistema de control ambiental, de autorizaciones yvigilancia ambiental del gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha corrupto e irresponsable", acusa Ecologistas en Acción. ·Un sistema que no se ha depurado en absoluto.No se han renovado los cuadros técnicos, ni las estructuras de toma dedecisiones. Al contrario, se han reforzado, provocando la pérdida decredibilidad de la administración castellano-manchega gobierne quiengobierne. También pone de relieve que el dinero que genera la ilegalgestión de residuos es un motor suficiente para que la inacción yconnivencia den lugar a situaciones como las que desembocaron en elcatastrófico incendio".

Frente a todo esto, continúa el comunicado, "y para aparentar una mayor acción política paracontrolar los residuos, el gobierno de Emiliano García-Page impulsó lareciente aprobación de las leyes de economía circular y la deevaluación ambiental, dos normativas desfasadas puestas en prácticapor una administración corrompida".

Lo mismo dicen de las iniciativas en la materia a nivel estatal: "La ley estatal de residuos que ha iniciado su tramitación no solo espoco ambiciosa, sino que no cuenta con los medios para hacerla cumplir.El negocio de los residuos y de la economía circular mal entendida esdemasiado grande y poderoso".

Ecologistas en Acción considera que ya se debían haber tomadodecisiones antes de este auto judicial, pero con más razón debentomarse ahora.

Por ello exigen que de forma inmediata se proceda a:

- Cesar de forma inmediata a quienes están acusados y siguen ejerciendopuestos de relevancia en la Viceconsejería de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla-La Mancha.

- Revisar en profundidad y cambiar la estructura y composición de laactual Viceconsejería de Medio Ambiente.

- Establecer mecanismos de auditoría interna y externa conparticipación pública en la toma de decisiones en materia de residuosy de evaluación ambiental.

- Impulsar profundos cambios en la normativa de residuos estatal yautonómica que impidan el negocio especulativo del residuo,responsabilizando al productor y al gestor como indica el nuevo borradorde la ley estatal.

- Apostar por la generación cero de residuos y la imposición de tasasverdaderamente desincentivadoras que estimulen su reducción y eviten el
vertido y la valorización mediante incineración.