La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas del Gobierno de Castilla-La Mancha, Inmaculada Herranz, ha estimado que la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas se podría aplicar con un presupuesto de entre 40 y 60 millones y ayudaría a 160.000 personas.

Preguntada por los medios sobre la cantidad de beneficiarios que tendría esta ley ha indicado que se va cubrir a los hogares con bajos ingresos. En datos, ha apuntado que la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas cubrirá "a unos 30.000 hogares con menores" lo que supone favorecer a 160.000 personas de la región. En este sentido, ha manifestado que considera que sería "un cambio absoluto" en el sistema de protección social, pasando de prestaciones temporales a unas donde los castellano-manchegos puedan "cobrar una renta anualmente y sin un tiempo limite".

Dos posibles escenarios

Herranz ha informado de que ya está realizada la memoria económica de la ley donde se valoran dos escenarios. Uno que aportaría al beneficiario el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional y otro el 70 por ciento. Además, ha añadido que en la memoria "se puede ver cuál sería el coste de la ley el coste de la aplicación de la renta garantizada, la suma de los planes de empleo y de las garantías complementarias".

La consejera ha señalado que "una ley sin presupuestos sería una estafa". De este modo, ha indicado que esta ley que "protege y garantiza ingresos a la población de Castilla-La Mancha" requiere una dotación presupuestaria que es viable la región. Por ello, ha explicado que "es una cuestión de planteamiento político" que la Ley salga adelante. En este sentido, ha apuntado que "la totalidad" del Gobierno regional tiene la prioridad de proteger a la población de la región y espera que esta ley se coloque como prioridad presupuestaria.

Se presentará en noviembre

Además, ha adelantado que el objetivo es presentar la ley en las Cortes de Castilla-La Mancha en el mes de noviembre y "sería casi incomprensible" que la ley no saliera, en el caso de no hacerlo "los ciudadanos tendrían que pedir a sus representantes responsabilidades".

"Si se aprueba la ley y esta ley llega a la población me importa muy poco quedarme sin trabajo porque entré al Gobierno regional para sacar adelante esta ley, para que llegara a la población, para dar una cierta estabilidad y para que si hubiera una mínima recuperación económica vaya en primer lugar a las víctimas de la crisis", ha explicado Herranz.