El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha afirmado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está "al corriente de pago" con las entidades sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad. No obstante, ha reclamado a la Junta la elaboración de un plan de estabilidad del Tercer Sector que contemple nuevas fórmulas de colaboración para la prestación de servicios de atención a estos colectivos.

Así lo ha acordado la Asamblea General del Cermi en Castilla-La Mancha, en la que han puesto de manifiesto que aunque es "un avance que a partir de este mes de junio se hagan pagos mensuales, no es suficiente", ya que aspiran a "no tener que volver cada año a esperar la convocatoria anual de subvenciones de la Consejería de Bienestar Social para afrontar el coste de servicios públicos" gestionados por sus entidades.

El Cermi ha corroborado que la Junta ya ha abonado el 40 por ciento del presupuesto correspondiente a la parte de 2017 que las entidades gestionan para el funcionamiento de servicios como la atención temprana, los centros de día y ocupacionales para personas con discapacidad, recursos residenciales, servicios de captación socio laboral y programas de promoción de la autonomía personal y participación social, ha apuntado el Comité en una nota de prensa.

Cuanto antes

En este sentido, el Cermi ha apelado al Gobierno regional a que "cuanto antes, se inicien los trabajos con el Tercer Sector para afrontar en los próximos ejercicios un nuevo modelo de concierto social para entidades sin ánimo de lucro, amparado por las directivas europeas, como ya han hecho otras comunidades autónomas, que permite una mayor estabilidad, garantizar servicios de calidad, actualizar el coste por plaza de los servicios y poder afrontar desde principios de cada año la financiación de estos recursos del sistema público de servicios sociales".

También, la Asamblea del Cermi de Castilla-La Mancha ha acordado solicitar a la Administración regional que "se agilicen todos aquellos procesos relativos a otras subvenciones como las ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo, ayudas a entidades para actividades sociosanitarias, la búsqueda de fórmulas para facilitar el uso del transporte accesible y asequible a personas con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, desarrollos normativos hacia una verdadera educación inclusiva y la intensificación de la lucha contra prácticas de juego ilegal en la región".