La Mesa de la comisión de investigación del Congreso sobre la 'operación Kitchen' ha acordado este jueves solicitar una prórroga del mandato de la comisión, que inicialmente acaba el 30 de junio. Su intención es extenderse al último trimestre del año ya que debe buscar otra fecha para interrogar a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al exministro Jorge Fernández Díaz, y al expresidente Mariano Rajoy.

El reajuste del calendario es consecuencia de la decisión de suspender la comparecencia de Cospedal que tenía que haber sido interrogada este miércoles pero a última hora se pospuso tras ser imputada por el juez que investiga la presunta trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, ese cambio obliga a buscar una nueva fecha para la ex secretaria general y deja sin efecto el plan de cerrar la próxima semana las comparecencias con el ex ministro del Interior y el ex presidente Rajoy, que iban a ser interrogados el día 10 de junio.

La decisión se ha adoptado por la mayoría que PSOE y Unidas Podemos suman en la mesa de la comisión, donde hay dos socialistas, una representante del grupo confederal y dos del PP, que han votado en contra de los cambios en el calendario inicialmente acordado.

Piden cesar a Cospedal del Colegio de Abogados

La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha solicitado a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid el cese de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal como presidenta de la Sección de Derecho Militar y Seguridad de esta corporación tras ser imputada en el caso Kitchen.

Tras conocer su imputación, la ALA ha emitido un comunicado en el que advierte de que "María Dolores de Cospedal es la actual presidenta de la Sección de Derecho Militar y Seguridad y como tal está obligada a cumplir el código de conducta y la política general de conflicto de intereses del Colegio de Abogados así como el procedimiento de sus secciones".

Explica que el punto 3.1 del código de conducta y política general de conflicto de intereses del Colegio señala que "ningún miembro o colegiado debe contribuir a que la imagen externa del Colegio resulte perjudicada por cualquier acción que sea únicamente de carácter personal".

Añade que el punto 5 dispone que "en caso de que un miembro resulte investigado por una resolución judicial por presunto delito relacionado con la corrupción deberá dar cuenta inmediatamente de las acusaciones ante la Junta de Gobierno, que en su caso adoptará las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad".

La ALA agrega que el procedimiento de las secciones del Colegio establece en su artículo 5 que sus presidentes y las demás personas vinculadas a ellas "deberán evitar situaciones que puedan suponer un conflicto entre sus intereses personales y los del Colegio de Abogados y abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones".

Recuerda que "el pasado mes de noviembre de 2020 el anterior presidente de la Sección de Derecho Militar, Carlos Hugo Fernández-Roca, diputado de Vox, dimitió de su cargo colegial al ser denunciado judicialmente de un delito".

"Sin perjuicio del respeto a la presunción de inocencia de todas las personas investigadas, lo cierto es que la noticia en numerosos medios de comunicación" de la citación como investigada de Cospedal "produce un daño a la institución", concluye la ALA.