SERÁ A TRAVÉS DE LA LEY DE CÁMARA DE CUENTAS

Castilla-La Mancha ultima la ley que permitirá recuperar la figura del síndico de Cuentas

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivo Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en una imagen de archivo

El anteproyecto de ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, antigua Sindicatura de Cuentas suprimida durante la legislatura del PP, está pendiente del visto bueno del gabinete jurídico del Gobierno autonómico para que pueda elevarse al Consejo de Gobierno como anteproyecto de ley, han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular es Juan Alfonso Ruiz Molina.

Esta ley supondrá la recuperación de hecho de la Sindicatura o Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, un organismo del que siempre se ha mostrado a favor el presidente de la Junta, Emiliano García-Page, con el objetivo de fiscalizar las cuentas autonómicas. Page ya anunció la recuperación de este órgano en las Cortes regionales el pasado otoño, tal como ha venido informando EL DIGITAL CLM. 

Tras el periodo de información pública que finalizó en el mes de febrero, recibió un total de cinco alegaciones -con cuestiones técnicas y puntuales en la redacción del texto-, que han sido tenidas en cuenta en su mayoría.

Esta iniciativa legislativa se destina a la creación y regulación de un órgano propio de control externo de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Castilla-La Mancha.

Tal y como recoge el anteproyecto, se designará a la persona titular de la Presidencia de la Cámara de Cuentas, anterior síndico de Cuentas, por las Cortes regionales en un plazo de tres meses de la entrada en vigor de esa ley.

La Cámara de Cuentas deberá publicar en sede electrónica los programas anuales de fiscalización aprobadas y en curso, los informes de fiscalización derivados de su función fiscalizadora y las memorias anuales descriptivas de su actividad así como las multas coercitivas impuestas durante los últimos cuatro años, que hubieran adquirido firmeza.

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