El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que expresa "preocupación" por sus declaraciones a favor de prohibir la caza y recuerda que la Ley de Caza autonómica ha contado con un respaldo "muy amplio", también de colectivos ecologistas.

García-Page ha remitido el escrito, al que ha tenido acceso Efe, después de que la ministra dijera en una entrevista que no es partidaria de los toros ni de la caza y que personalmente sería partidaria de su prohibición. 

En la carta, el presidente regional se ha mostrado "sorprendido" por las declaraciones de la ministra y ha expresado su "preocupación" en base a la importancia económica y medioambiental que la caza tiene para el sostenimiento del ecosistema en prácticamente toda Castilla-La Mancha.

"Respetando profundamente tu posición personal al respecto, quiero recordarte nuestra posición en defensa de la actividad cinegética", ha afirmado García-Page, quien ha aludido a la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, reformada este año y que reconoce que la caza es "una de las actividades en el ámbito rural más extendida en Castilla-La Mancha y su ejercicio tiene una notable incidencia en el medio rural, natural y social".

El sector cinegético genera en Castilla-La Mancha 24.000 empleos al año, 10.000 de ellos directos, aporta más de 364 millones de euros al PIB regional (un 2 por ciento del total) y 8 millones de recaudación mediante tasas e impuestos. 

Además, permite la ordenación y protección del 88 por ciento de la superficie de nuestra región, cuenta con 106.000 licencias y tiene una especial incidencia en el turismo rural, gastronómico y artesanal, según los datos facilitados a la ministra Ribera por García-Page, quien ha subrayado que la Ley de Caza contó con un respaldo "muy amplio" tanto de sectores económicos y sociales implicados como de "diversos colectivos ecologistas".

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha puesto a disposición de la ministra no solo el texto normativo sino la "experiencia" del consejero de Agricultura y Medio Ambiente en la negociación de una Ley "que tenía como objetivo no solo proteger a un sector económico fundamental para la región, sino atender al mismo tiempo, otras sensibilidades de tipo más ambiental".

"Convencido de que el conocimiento de la realidad e importancia de la caza como actividad tradicional, deportiva y económica puede serte de extrema utilidad, me pongo a tu disposición para este y cualquier otro asunto relacionado con el proyecto nacional en favor de la sostenibilidad energética y ambiental en el que todas las administraciones se deben sentir implicadas", ha finalizado la carta a la ministra Emiliano García-Page.

El PP no se cree a Page

Por su parte, el grupo popular en las Cortes regionales ha cuestionado el apoyo que el presidente autonómico ha manifestado a la caza, pues le ha acusado de haber aprobado una "ley anticaza", de la que estuvieron en contra "todas las asociaciones de cazadores". 

En conferencia de prensa, la diputada del PP en el parlamento autonómico Lola Merino ha recordado que el 15 de abril de 2018, "8.000 cazadores en toda la región" se manifestaron en contra de dicha ley y ha denunciado, que con sus palabras, el presidente regional "insulta nuevamente a los cazadores y les vuelve a traicionar", a pesar de que en la región hay casi 140.000 licencias de caza. 

"¿Cómo que Page defiende la caza? ¿Quién se cree eso? Los cazadores, no", ha espetado la diputada popular que, en general, ha acusado a los gobiernos regional y central de dar mal trato al mundo rural.

De su lado, el diputado socialista en el parlamento autonómico Miguel González ha dicho que los 'populares' "no pueden dar lecciones en materia de caza", pues ha recordado que en la anterior legislatura, con un gobierno del PP, se perdieron 24.000 licencias de caza, debido a su "política destructiva". 

Además, ha señalado que la ley de caza que aprobó el anterior Ejecutivo regional recibió 120.000 firmas en contra y ha añadido que el Gobierno regional presidido por María Dolores de Cospedal "recortó ayudas a ferias de caza, como Fercatur".

En cambio, ha destacado que la actual norma sobre caza es una ley "hablada, dialogada, con consenso social" y además, defiende la caza social "que es la que se practica en Castilla-La Mancha", al tiempo que se realiza una defensa de los valores medioambientales.