El Gobierno de Castilla-La Mancha "incurre en fraude de ley" con la ampliación de Red Natura 2000 en la Laguna de El Hito (Cuenca), pues "su objetivo es impedir la construcción del Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en Villar de Cañas", ha afirma la abogada ambiental Pilar Martínez.

Antes de intervenir  en el Congreso de los Diputados en la Ponencia de relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Martínez ha dicho a Efeverde que el proyecto de ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 en la región "se ha utilizado de forma instrumental, incurriendo en 'abuso del Derecho' para intentar paralizar la construcción de el ATC".

Por ello, los Ayuntamientos de Zafra de Záncara, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz y Saelices, en la provincia de Cuenca, han presentado conclusiones elaboradas de expertos tras analizar los informes técnicos y científicos que sustentan el Acuerdo del Consejo de Gobierno y el Decreto autonómicos.

Entre ellos, del catedrático emérito de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura, Carlos García, o el catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en el estudio de impactos ambientales Domingo Gómez.

"Los técnicos del Gobierno de Castilla-La Mancha han elaborado informes con fallos y contradicciones demoledoras", ha explicado Martínez, quien ha lamentado que "no han partido de datos reales para elaborar el decreto", sino que "es un trabajo enfocado a justificar una decisión de ampliación que ya estaba determinada".

En este sentido, "los técnicos han reconocido una limitación temporal de los estudios, que han estado presionados, que el trabajo de campo fue tardío y que no pudieron elaborar un censo de la población", ha comentado Martínez.

ZEPA Laguna del Hito

Asegura la letrada que, el Decreto 57/2016 por el que se amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Laguna de El Hito y se realiza la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria, que entró en vigor en octubre de 2016, fue suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

Ante esta petición, el Supremo se pronunció asegurando que la construcción de un ATC "también es una cuestión medioambiental" que beneficia a todo el territorio español y especialmente a la zona y que "la seguridad nuclear está por encima de cualquier otra norma de protección", según Martínez.

De forma que "hemos decidido presentar una demanda de nulidad con 12 causas tras examinar el expediente documento a documento", ha incidido la abogada, quien ha comentado que el Gobierno de Castilla-La Mancha estaría incurriendo en "una desviación de poder, abuso del derecho, arbitrarierdad, fraude de ley y privación de los ayuntamientos de su capacidad de autonomía local".

Asimismo, Mariano Vila, el gerente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares -entidad que también comparece en la Ponencia (las Ponencias se celebran a puerta cerrada)- que "había ocho candidatos para la construcción de la ATC, pero se eligió Villar de Cañas, el único espacio con problemas técnicos, por motivos políticos".

"Ahora todo está paralizado y no estamos de acuerdo con que los residuos se queden en las propias centrales", ha lamentado Vila, que ha advertido de que "el proyecto se presupuestó con 800 millones de euros, pero alcanzaría más de 1.200 en la actualidad por problemas en el subsuelo".