El Movimiento Asociativo de la Discapacidad de Castilla La Mancha ha emitido este viernes un comunicado en el que muestran su alarma ante el negro futuro que les espera si no cambian las previsiones actuales. Este movimiento explica que "existe una gran inquietud" en el colectivo ante la grave situación económica y social, que puede producirse en la concesión de las distintas subvenciones, que las Asociaciones que lo integran han de recibir para el mantenimiento de los diversos recursos, servicios y programas que gestionan, para el ya inmediato año 2019.

"Confirmamos esta inquietud mostrada en la Asamblea General del CERMI CLM, celebrada el pasado día 5 de Noviembre y la Asamblea General de Plena Inclusión CLM, celebrada el 13 de Diciembre, ya que a pesar de las distintas reuniones mantenidas en este tiempo, aún no tenemos la seguridad de recibir la financiación necesaria para seguir ofreciendo a las Personas con discapacidad y a sus familias la calidad que les corresponde, y que venimos ofreciendo en los últimos años", explica el comunicado.

Esta temida situación, estaría causada fundamentalmente por la entrada en vigor del XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad y porque las Órdenes de Convocatoria de la Consejería de Bienestar Social ya publicadas, "son insuficientes para cubrir los gastos de mantenimiento, incluidos los salarios que se han de aplicar con efecto 1 de enero del 2019".

Los incrementos salariales del referido Convenio Laboral son la consecuencia lógica de haber estado congelados durante los años 2017 y 2018, de la situación actual de la economía y del S.M.I. acordado por el Gobierno de España para el próximo año: "Si las referidas subvenciones son insuficientes, muchas Asociaciones se verán abocadas, al recorte de plantillas, a gestionar eres parciales o incluso al posible cierre del algunos recursos. Cualquiera de estas soluciones suponen un salto atrás muy considerable en la calidad que estábamos consiguiendo en la atención a las Personas con discapacidad".

En ese sentido esperan que el Gobierno de Castilla La Mancha, "que sabe que todas las plazas que gestionan las Asociaciones son de carácter público y lo hacen de forma subsidiaria de la Administración, y que nos viene demostrando una especial sensibilidad hacia las Personas con discapacidad, no dé lugar a alguna de las situaciones mencionadas, que además crearían unas tensiones innecesarias entre los profesionales, y entre las familias al ver a sus hijos o familiares peor atendidos; sería en definitiva una ruptura de la paz social, de la que ahora disfruta este Movimiento Asociativo, tras unos años tan difíciles de crisis económica".

El PP se suma a la preocupación

Además, el PP regional se ha sumado a la preocupación del Tercer Sector en Castilla-La Mancha por las consecuencias de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los trabajadores de las asociaciones, y el PSOE ha asegurado que la Junta de Comunidades está trabajando en ello y que, en todo caso, no cree que haya un gran impacto.

En rueda de prensa, el portavoz adjunto del grupo popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha señalado que la situación económica "delicada" que vive la comunidad autónoma, arrastrando el mayor déficit y una deuda "galopante", perjudica sobre todo a los servicios sociales.

En este sentido, ha recordado que el movimiento asociativo del Tercer Sector ha alertado de su situación y de que a las asociaciones "no les llega el dinero que les prometió el presidente regional, Emiliano García-Page", por lo que temen el impacto que tendrá afrontar la subida del SMI.

PSOE: "Se tendrán que adaptar"

Sin embargo, en una rueda de prensa posterior, la portavoz del grupo socialista en el Parlamento autonómico, Blanca Fernández, ha indicado que, aunque considera "lógica" la preocupación del Tercer Sector, las empresas y asociaciones se tendrán que "adaptar" a la subida del SMI, ante lo cual -ha agregado- no le cabe ninguna duda de que la Consejería de Bienestar Social está trabajando y "tiene claro que hay que hacer esfuerzos para llegar a acuerdos".

Acuerdos que, según Fernández, deben pasar por reconocer los derechos de los trabajadores al mismo tiempo que mantener el nivel de cobertura de los servicios sociales que se está prestando hasta el momento.

Por tanto, ha insistido en que hay "conexión y diálogo permanente" entre la Junta y el Tercer Sector, a pesar de que ha añadido que cree que los trabajadores de asociaciones de servicios sociales ya estaban cobrando por encima de los 900 euros "en muchos casos", por lo que ha confiado en que el impacto "no sea tan grave como se piensa".

En cualquier caso, ha precisado que no se trata de trabajadores de la Administración regional, por lo que este asunto le corresponde a las empresas y a las asociaciones.