El gasto de 98,4 millones de euros aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha para garantizar un año más los conciertos con residencias de mayores servirá para garantizar un total de 5.261 plazas residenciales, 418 en centros de día y 77.973 estancias diurnas.

Así lo ha dado a conocer la portavoz del Gobierno, Blanca Fernández, en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno, donde ha explicado que se trata de "un esfuerzo de justicia social", ya que "no hay generación a la que se dé más, a los mayores, a los que construyeron la región".

Tras la atención de calidad a los mayores con algún grado de dependencia, el segundo gran objetivo de este convenio marco es el de la generación de empleo y fijación de población en el medio rural. En total se suscriben más de 200 contratos para sostener todos estos servicios.

Según los datos ofrecidos por Fernández, desde que gobierna el PSOE se ha aumentado en más de un 50% los beneficiarios de la ley de Dependencia, toda vez que hay 64.000 personas atendidas en algún servicio del sistema en toda la región y 76.000 con algún tipo de prestación, lo que eleva la cobertura al 91%.

Izquierda Unida quiere cambiar el modelo

Por su parte, Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "aprenda" de lo que "desgraciadamente" ha sucedido en las residencias de mayores y se aproveche para cambiar el modelo de las residencias y que la Junta de Comunidades recupere la gestión de estas.

La formación de izquierdas ha contestado al anuncio de que el Consejo de Gobierno destinará 100 millones de euros para ampliar un año los conciertos privados con las residencias de mayores, según ha informado el partido en nota de prensa.

"Si algo hemos aprendido de la crisis sanitaria es que ha sido la sanidad pública y los servicios públicos quienes han combatido la epidemia. Por eso, nos preocupa mucho que Page no haya aprendido nada, o lo que es aún peor, que pretenda que lo olvidemos y ahora en vez de financiar adecuadamente la sanidad y las residencias de mayores públicas, recuperando la gestión de las que han privatizado, quiera favorecer el negocio privado de las residencias de mayores con 100 millones de euros", ha lamentado el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo.

Ha pedido a García-Page que "no se escude en que este dinero va a servir para garantizar los puestos de trabajo, ya que las condiciones laborales de las profesionales, mayoritariamente mujeres, que actualmente trabajan en estos centros privados son muy deficientes y si se prorroga el modelo privado lo seguirá siendo". "Lo mejor para garantizar la estabilidad del empleo y las condiciones laborales es convertirlas en trabajadoras públicas", ha sentenciado.

Por último, Crespo ha recordado que "es necesario un diálogo sereno sobre el modelo de residencias que necesitan nuestros mayores, donde los beneficiados sean estos y las trabajadoras que los cuidan y no las empresas privadas" y, por ello, ha vuelto a instar a la Junta a que "convoque de inmediato una mesa con todos los agentes políticos y sociales implicados".