Unos 200.000 profesores de enseñanzas medias opositarán en junio a una plaza que en ocasiones no se ha convocado desde hace dos décadas y que, en función de la comunidad, ven peligrar porque no podrán concurrir debido a que son positivos, están en cuarentena o sufren síntomas compatibles con la covid-19.

El secretario de Acción Sindical de ANPE (Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza), Ramón Izquierdo, explica a Efe que Cataluña, Euskadi, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla y León, Canarias, La Rioja, Madrid, Cantabria y Galicia sí prevén hacer una prueba posterior para los afectados o sospechosos de padecer el virus. Sin embargo, no sucede así en los casos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Asturias, Extremadura y Murcia.

Estas oposiciones masivas a enseñanzas medias comienzan el próximo 19 de junio en todo el país, una primera prueba a la que seguirá la oral, salvo en la Comunidad Valenciana donde se celebró el sábado.

Los que pide ANPE, explica Izquierdo, es que las comunidades unifiquen el criterio para evitar esta situación de "desigualdad". En algunos casos, subraya el secretario de Acción Sindical, se da la circunstancia de que la plaza en concurso no se han convocado desde 1999, por ejemplo Estética de Formación Profesional en Castilla-La Mancha.

Los alrededor de 200.000 aspirantes optan a plazas de profesor de Educación Secundaria Obligatoria, de Formación Profesional, de Conservatorios de Música o de Escuelas de Idiomas.

Solicitan una convocatoria extraordinaria

Anpe defiende que, para los aspirantes positivos por coronavirus o en cuarentena, debe existir la posibilidad de una convocatoria extraordinaria para no perder el derecho a obtener una plaza, o para ingresar en las listas de interinidades.

Para el sindicato, si no existiese la posibilidad de hacer las pruebas con posterioridad, podría suponer “forzar” a presentarse a aquellos aspirantes que pudiesen ser positivos o en cuarentena, con el riesgo que ello supondría para el resto de opositores y miembros de los tribunales.

A su juicio, la Administración debe hacer compatible el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la función pública y la obligación legal de la prevención de la salud y seguridad de los trabajadores y todo el personal que participa en las pruebas.