La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha comparecido en comisión parlamentaria para dar cuenta de la gestión de su departamento ante la crisis sanitaria originada por el coronavirus, apuntando que desde que se declarara el estado de alarma el pasado mes de marzo se han llegado a contratar 2.265 personas para atender la pandemia, además de que se han impulsado 850 actuaciones inspeccionadoras para auditar el funcionamiento de estos centros.

En este sentido, ha avanzado que el próximo martes la consulta pública del Decreto que actualiza la inspección de centros y servicios dependientes de la Consejería de Bienestar Social. De esta forma, se traba en un modelo de Bienestar Social avanzado "que requiere la actualización de la normativa con el objetivo de agilizar los procedimientos".

En el caso de la inspección de centros, la finalidad es mejorar la calidad de la atención e insistir en la función asesora a la entidades, centros y servicios sociales, así como de las personas usuarias de los mismos, ha aseverado la consejera.

El nuevo Decreto establecerá el procedimiento para la obtención de la acreditación calidad de los Servicios Sociales y su régimen de autorizaciones administrativas y regulará el Registro de Servicios Sociales.

Durante su intervención, ha recordado que son 343 residencias a lo largo de la región que atienden a un total de 26.000 plazas autorizadas.

El plan para atenuar el paso del COVID por estos centros, ha dicho, se ha ido adaptando teniendo en cuenta las "diferencias notables" entre las distintas olas, ya que se ha sufrido distinta afectación en los últimos diez meses desde el punto de vista territorial.

Cuatro pilares

Así, la estrategia se diseñó en cuatro pilares, comenzando por la prevención, que contempló la reserva estratégica de material, la formación del personal, la actualización de planes de contingencia o poner un servicio de atención ciudadana.

La fase de control se dibujó para reforzar medidas extraordinarias, asumir las recomendaciones aprendidas de las auditorías en residencias, garantizar stock de producto y empezar las inspecciones de los centros sociales, llegando a esa cifra de 850 visitas inspectoras en todo 2020.

Se apuntaló la atención especializada en centros residenciales para garantizar mayor protección de usuarios y trabajadores, también con un plan de comunicación entre residentes y familiares y protocolos específicos de visitas adaptándose a la situación, además de con la contratación de 2.265 personas para atender la demanda y la cobertura de bajas y vacaciones.

Una cuarta fase de intervención urgente con medidas como cierre de residencias en casos de gravedad, desinfecciones integrales de centros, reasignación de profesionales o disponibilidad de espacios o centros especializados para la atención temporal a los contagiados.

Casi mil residentes contagiados

En cuanto a la foto fija de la afectación en centros de mayores, son 888 residentes los que cuentan con PCR positiva a lo largo de 132 residencias. En total, son 1.875 fallecidos desde el inicio de la pandemia con confirmación de coronavirus.

En estos meses, ha recordado "se han adaptado y reforzado muchos servicios" como el de ayuda a domicilio y teleasisntencia, de manera que se ha garantizado a 26.700 personas que viven solas en la región.

De manera paralela se han impulsado las nuevas tecnologías para prestación de servicios, 6.679 familias reciben el Ingreso Mínimo Vital y unas 20.000 personas la renta garantizada. En total son 55.000 prestaciones en conjunto impulsadas por su departamento.

Aurelia Sánchez también ha ofrecido datos de la gestión del Gobierno y de su departamento en particular ante las incidencias del último temporal de nieve, apuntando que no se han registrado incidencias graves en la red de residencias.

En este sentido, ha afirmado que se realizaron 1.500 intervenciones de ayuda directa a personas en situación de emergencia por el temporal en colaboración con Cruz Roja, con intervenciones como traslado de personas o atención domiciliaria para suministrar alimentos o medicación.

Se puso en marcha un plan de emergencia para usuarios de teleasistencia, especialmente a beneficiarios residentes en zonas que quedaron aisladas por la nevada, con 170 profesionales que vía telefónica atendieron a más de 7.000 usuarios de 183 municipios.

Para rematar su intervención, ha ofrecido más datos al respecto del trabajo de su equipo, avanzando que se está trabajando en un plan de cuidados de larga duración para personas mayores en domicilio y diseñando una estrategia de atención a la discapacidad actualizando modelos de acogimiento, junto a un decreto de armonización de prestaciones económicas y modernización de infraestructuras sociales.