La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha denunciado la situación de desamparo en la que se encuentran las trabajadoras embarazadas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ante la negativa a declarar riesgo en el embarazo antes de la 24 semanas de gestación por exposición a la covid-19.

Esta situación se produce porque Solimat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional de la Seguridad Social, equipara el riesgo biológico por covid-19 a los trastornos musculoesqueléticos por movilización de cargas, turnicidad o realización de guardias, entre otros, situando en la semana número 24 de gestación como referencia para declarar el riesgo en el embarazo.

Así, ha asegurado este jueves el sindicato en un comunicado de prensa, el Sescam "no protege a sus profesionales en situación de especial vulnerabilidad por embarazo, las cuales no tienen otra salida para evitar la exposición a la covid-19 en el desempeño de su trabajo que acudir al médico de familia y solicitar la baja por enfermedad común, apelando a su sensibilidad y buen juicio".

Para CSI-F es "totalmente inadmisible" que la trabajadora embarazada deba acudir a su puesto de trabajo hasta la semana 24 de gestación si está expuesta al riesgo biológico por covid-19 "sea cual sea la semana de gestación en que se encuentre".

Por ello, ha exigido al Sescam que articule de "manera inmediata" con Solimat el procedimiento por el cual las trabajadoras de la sanidad pública, desde el momento en que comuniquen al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales su situación de embarazo y exista el consiguiente informe del médico del trabajo, así como la certificación de la gerencia correspondiente, no es posible la adaptación del puesto de trabajo o el cambio a otro puesto que no implique exposición a dicho riesgo para la profesional.

Y, de ahí, que "la mutua proceda a declarar el riesgo en el embarazo, independientemente de la semana de gestación en que se encuentre la trabajadora".

CSI-F ha expuesto por escrito tal situación ante el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Sescam, al departamento de recursos humanos, y ha iniciado actuaciones jurídicas frente a Solimat para que la Administración se replantee esta postura.