El Gobierno de la Región de Murcia y los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía han cerrado este miércoles un acuerdo para exigir al Gobierno de España que destine fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea para realizar inversiones de materia de depuración y saneamiento en Castilla-La Mancha, "lo que ayudaría a mejorar el estado ecológico del rio Tajo".

Así lo ha explicado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras el encuentro celebrado por videoconferencia con sus homólogas de la Comunidad Valenciana y la Junta de Andalucía, Mirella Mollá y Carmen Crespo, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El consejero ha indicado que "mejorar el estado de la masa de agua del Tajo es la mejor alternativa ante la intención del Gobierno de Sánchez de recortar el agua al Levante, tal y como se refleja en el Esquema de Temas Importantes del Plan Hidrológico del Tajo, cuyas modificaciones supondrían un descenso en las aportaciones medias del trasvase Tajo-Segura en 78 hm3 anuales".

Postura común

Una postura común entre las tres comunidades del Levante que permitió afirmar que, desde la Región de Murcia, Andalucía y Valencia, "defendemos alto y claro la necesidad de apostar por la mejora de la calidad del agua del Tajo, que los agricultores manchegos puedan contar con el agua que discurre a pocos metros de sus tierras y el derecho de sus vecinos a disfrutar de ríos limpios", detalló Luengo, quien recordó que "apoyamos a Castilla-La Mancha en su objetivo de mantener el equilibrio ecológico en el río Tajo".

"Tenemos la oportunidad de solicitar partidas procedentes de los Fondos de Recuperación activados por la Unión Europea frente al Covid-19, lo que supondrá una inyección económica que permitirá afrontar grandes inversiones ligadas al desarrollo, la protección del medio ambiente o la vertebración de territorios". Objetivos que cuadran con el de mejorar el estado del Tajo, y cumplir así con la Directiva 271/91 de Depuración de aguas residuales urbanas, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto Ley 11/1995.

"Pero lo que no podemos tolerar es que pretendan limpiar el agua a base de aumentar el caudal, o lo que es lo mismo, diluir la contaminación sin atajar el problema de raíz. Deben acometer inversiones en depuración o en saneamiento, nuevas infraestructuras que permitan evitar la contaminación de sus cauces", añadió Luengo.

"La intención de Castilla-La Mancha, respaldada por el Gobierno de Pedro Sánchez, es doblar el mínimo de reservas que han de existir en los embalses de cabecera del Tajo y colocarlo en 800 hectómetros cúbicos", justo el doble de los 400 actuales, recordó el consejero. Esto supondría el descenso de 78 hectómetros cúbicos anuales hacia la cuenca del Segura; un descenso del 21 por ciento del agua destinada al riego y un 18 por ciento menos de agua para consumo urbano.

El de este miércoles es el tercer encuentro que en las últimas semanas mantiene Antonio Luengo con las consejeras de Andalucía y Valencia, tras los celebrados en Puerto Lumbreras con la consejera de la Junta de Andalucía y en Elche con la responsable de la Comunidad Valenciana.