Tras la polémica generada por la supresión en Castilla-La Mancha de la convocatoria del Ingreso Mínimo de Solidaridad en 2020, que ha costado fuertes críticas de sindicatos, oposición y trabajadores sociales a la Junta, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha afirmado que la Administración regional no tiene conocimiento de que en la comunidad autónoma haya familias que no estén cobrando ni el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España ni el Ingreso Mínimo de Solidaridad, y ha instado a las familias que se encuentren en esa situación a que se pongan en contacto "rápidamente" con los Servicios Sociales.

Sánchez, a preguntas de los medios antes de la reunión de este miércoles del Consejo Regional del Pueblo Gitano, ha insistido en que si hay familias que no se encuentran amparadas por ninguna renta básica, deben comunicarlo y así los profesionales "tienen que solicitar, como mínimo, una ayuda de emergencia".

Asimismo, la consejera ha vuelto a reiterar que su Consejería mantiene un "contacto directo" con el Gobierno central para el trasvase de datos de las personas que cobran el Ingreso Mínimo de Solidaridad, de cara a que se puedan incorporar al Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tras reconocer que ha habido una "avalancha de solicitudes" del Ingreso Mínimo Vital que la Administración del Estado "quizá no ha podido gestionar", achacando el retraso a "problemas más bien administrativos", ha insistido en que quien aún no se haya podido incorporar a la renta básica del Estado y está cobrando la de la región "va a seguir cobrándolo". "Tienen un derecho adquirido y no lo van a perder", ha reafirmado.

En este sentido, ha añadido que el Gobierno de España les va enviando semanalmente los datos de las personas que se van incorporando al Ingreso Mínimo Vital y que este número "se va incrementando significativamente".

Por otra parte, Aurelia Sánchez ha vuelto a repetir, como ya avanzará el viernes, que el nuevo Decreto de Prestaciones Económicas para las personas en situación de dificultad económica y social saldrá a información pública esta semana, "como muy tarde el viernes".

La responsable regional de Bienestar Social ha asegurado que ya se está organizando la creación de un grupo de trabajo para hacer realidad este decreto, que en sus palabras será el que "unifique las prestaciones" de la Consejería.

Entre otras, va a regular a las personas perceptoras del Ingreso Mínimo de Solidaridad, las ayudas de emergencia y otras como las ayudas a familias numerosas o en situación de viudedad.

Del mismo modo, ha detallado que el objetivo del Gobierno castellano-manchego era "o crear una renta básica en Castilla-La Mancha o una renta garantizada en España", por lo que, una vez que ha sido creado el Ingreso Mínimo Vital, su labor va a ser crear "un apoyo complementario para familias que no lleguen o se queden fuera" de ese ingreso mínimo.