El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José García Molina, y la consejera de Coordinación para la Ley de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, han presentado este lunes en rueda de prensa las novedades de la tramitación de la Ley de Garantías Ciudadanas impulsada por Podemos y que este mismo lunes ha hecho público su segundo borrador, un avance en el que han incluido un total de 60 alegaciones y que conforma un texto que pretende llegar en 2019 a 24.000 titulares y 94.000 beneficiarios.

Inmaculada Herranz ha celebrado que la publicación de este segundo borrador viene con "una norma sólida hacia un proyecto de protección" basado en tres ejes, equiparado a otras comunidades autónomas y avalado por el conjunto del movimiento asociativo de la región. "Ha sido una ley muy conocida por los agentes sociales y ha venido con un apoyo sistemático. Nos sentimos orgullosos de la alta participación", ha relatado. Han sido 60 alegaciones a la norma, de las que "la mayor parte han sido aceptadas", cuatro de ellas en el preámbulo, 45 al articulado, 8 sobre cuestiones generales y tres alegaciones a disposiciones finales.

Este segundo borrador se encuentra anclado a dos derechos, "el de la garantía de ingresos y al de Garantías Ciudadanas". El primero se hará efectivo "de manera prioritaria a través de políticas activas de empleo", estrategia orientada a aquellas familias que no puedan encontrar trabajo, que conseguirán derecho prioritario para acceder a esta renta. A esta protección se suman las garantías complementarias, "con prestaciones para apoyar la inserción y la integración".

Para determinar este derecho habrá dos tramos. Para el acceso a ambos derechos primará la presencia de menores vulnerables en el núcleo familiar, con una prestación media de 600 euros por familia y con el objetivo de alcanzar al menos el 70% del salario mínimo interprofesional. La implantación de la ley pretende acabar con la pobreza infantil y promover la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, según ha argumentado la consejera.

"Esta ley vale mucho más de lo que cuesta", ha precisado Herranz, quien ha apuntado como "gran avance" la amplia participación ciudadana. Además, ha considerado que la materialización de este segundo borrador es una demostración de que Podemos "cumple con su palabra".

Puede estar a final de año

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, José García Molina, ha considerado que los trámites van a buen ritmo y que, una vez salvada la "negociación política" en las Cortes, la norma estaría lista para ver la luz a final de año. Además, ha querido enfatizar que "cualquier Gobierno que se quiera digno de ese nombre tiene estas tareas". "De la misma manera que hemos dicho que no queremos pagar más impuestos que en otros sitio, también queremos equipararnos a lo que ya existe en otras comunidades autónomas con leyes que protegen a la ciudadanía", ha manifestado.

Al margen de que el empleo "es también una prioridad", no hay que dejar de lado que "muchas familias quieren trabajar y no pueden", ha manifestado. En todo caso, ha opinado que esta ley "necesita" tener presupuestos. Por ello, ha agregado que no contempla que no salgan adelante las cuentas tanto a nivel nacional como regional. "Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que haya presupuestos. No sólo por las leyes". Abundando en este extremo, ha indicado que en Podemos son "los primeros" en querer que haya unos presupuestos.

Presupuesto

La consejera ha explicado que la mayor parte del presupuesto designado a esta norma ya se recogía en el plan de garantías ciudadanas y del presupuesto de 2018. Por tanto, ha afirmado, "el impacto presupuestario de la nueva inversión para la garantía de ingresos en 2019, y en función del mes en que se materialice la ley, estaría alrededor de un 0,15 a un 0,20 % del presupuesto de Castilla-La Mancha, es decir, entre 12 y 18 millones de euros".

Para Herranz, esta es una cuantía "perfectamente asumible, es una ley que vale mucho más de lo que cuesta", para defender los derechos de la población. Con esta ley, ha resaltado que su grupo "cumple su palabra" ya que Podemos entró en el gobierno "para dar estabilidad y seguridad a la gente".

García Molina ha manifestado que con esta ley Castilla-La Mancha se equipararía a otras comunidades autónomas que cuentan con normativa que protege a la ciudadanía y a las familias con niños que, queriendo trabajar, no encuentran empleo. Ha considerado que hay tiempo para que la ley pueda estar lista para ser aprobada en las Cortes antes de fin de año y ha asegurado que confía en que el presupuesto de Castilla-La Mancha de 2019 se apruebe también.

"Y si además podemos llegar a ciertos acuerdos con el Gobierno central para que todo ese dinero que hoy no sabemos si podemos recibir de más o de menos, en torno a unos 200 millones de euros, se puede venir a Castilla-La Mancha, pues hay que hacer todo lo posible para que sea así", ha indicado García Molina.