SIN DISTINCIÓN POR SU LUGAR DE PROCEDENCIA

El cartel de Vox y la realidad de los 70 'menas' en Castilla-La Mancha: así les tutela la Administración

No ocurre en Madrid y tampoco en Castilla-La Mancha. Los menores extranjeros no acompañados, conocidos como 'menas' -en muchas ocasiones de forma peyorativa-, ni reciben una paga mensual de 4.700 euros ni su mantenimiento cuesta esa cantidad de dinero a la Administración regional, tal y como quiere dar a entender Vox en el cartel pegado en una valla publicitaria de una de las estaciones de Cercanías en la capital de España. En la imagen aparece un joven de tez oscura, con la parte inferior de la cara tapada por un pañuelo y los ojos desenfocados, junto a una anciana de raza blanca. "Un mena 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes. Protege Madrid. Vota Seguro. Vox", reza la polémica campaña del partido liderado por Santiago Abascal.

"Hay que tener un sentido de la vida bastante miserable para criminalizar con un cartel así el apoyo a estos chicos, y más aún en campaña electoral", asegura a EL DIGITAL la viceconsejera de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales de Castilla-La Mancha, Guadalupe Martín, que cifra en 70 los menores no acompañados que actualmente tutela la Consejería de Bienestar Social del Gobierno regional. La mayoría de ellos son varones y tienen entre 12 y 18 años. Las niñas son pocas dentro de este colectivo vulnerable.

Aunque no es posible calcular el coste concreto que su mantenimiento supone para las arcas públicas castellano-manchegas, puesto que no hay centros específicos para menores extranjeros no acompañados, Martín afirma con rotundidad que es "exactamente el mismo" que cuando se trata de menores nacidos en nuestras ciudades o pueblos. "Unos y otros están bajo la tutela de la Administración y se les mantiene en igualdad de condiciones. A los chicos extranjeros se les incluye en la red de atención sin hacer distinciones dependiendo de si son de aquí o de fuera", explica.

Los menores tutelados por el Gobierno de Castilla-La Mancha pueden estar en acogida familiar, que es la fórmula que se trata de encontrar de forma prioritaria, o en un centro, aunque la Administración siempre intenta que sean "recursos residenciales pequeños para que se parezcan lo más posible a un núcleo familiar". Ya sea en un caso o en el otro, ni los niños nacionales ni los extranjeros reciben ningún salario mensual. El único dinero que manejan se limita a pequeñas cantidades semanales a modo de paga si así lo consideran conveniente las familias en las que se integran o los educadores de los recursos de acogida, como hacen los padres y madres de cualquier familia tipo.

"Son chicos muy normalizados"

Por eso, la viceconsejera advierte que los "bulos" que se lanzan para generar una percepción errónea y negativa de los niños extranjeros "hacen muchísimo daño". Y es que en Castilla-La Mancha no existe, hoy por hoy, ninguna problemática específica en torno a los 'menas'. "La mayoría de ellos son chicos muy normalizados que necesitan cariño, atención, ir al instituto, hacer sus tareas y encontrar posibilidades para tener una vida digna", asegura Guadalupe Martín, que explica que Castilla-La Mancha forma parte de la red de comunidades autónomas que asume el cuidado de parte de los menores africanos que acceden a territorio español de manera irregular, en los últimos meses mayoritariamente en embarcaciones precarias a través del mar arribando a las Islas Canarias.

"Hay un programa estatal de acogimiento a través de las distintas comunidades autónomas para estos chicos, ya que sería muy difícil atenderles únicamente en las Islas Canarias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha pedido colaboración en el reparto solidario de la responsabilidad y todas las regiones hemos ofrecido plazas, aunque siempre son cifras muy meditadas y planificadas para que en todo momento tengan la cobertura que merecen. En Castilla-La Mancha no tenemos un número alto y son los técnicos quienes valoran la procedencia del número de chicos que conviene acoger, que actualmente es de cinco por cada 100.000 habitantes", señala la viceconsejera de Servicios Sociales y Prestaciones Sociales.

"Lo primero que se hace, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es identificar su edad. A veces, cuando pensamos que han llegado hasta aquí poniendo en riesgo su vida, nos sorprendemos al saber lo jóvenes que son. No dejan de ser niños que, si fuesen nuestros, veríamos con total claridad lo desprotegidos que se encuentran. Debemos darles atención como a cualquier otro niño de aquí que padezca las mismas circunstancias", insiste Guadalupe Martín, que recuerda que las administraciones públicas, más allá de la responsabilidad, la sensibilidad o la solidaridad, tienen la obligación explícita de velar "por el cumplimiento estricto de la Convención internacional de los Derechos del Niño y, sobre todo, de los Derechos Humanos".

Apoyo al cumplir los 18 años

Una vez asumida su tutela por parte de la Administración castilla-La Mancha "se trabaja en la identificación de sus familias de procedencia", tal y como obliga la ley, pero Martín reconoce que "en ocasiones no es fácil conseguirlo y hay que darles cobertura hasta su mayoría de edad". "Estudian, en la inmensa mayoría de los casos tienen una vida normalizada que comparten con educadores y, cuando cumplen los 18 años, comienza la fase más complicada porque sabemos que muchas veces no es posible que automáticamente pasen a tener una vida autónoma", reconoce la viceconsejera.

Aunque los educadores de los centros tratan de que los menores comiencen en cuanto les sea posible a compatibilizar sus estudios con un empleo, dándose casos de éxito en los que "empiezan a trabajar y pasan a un modelo de vida autónomo como cualquier chico o chica de nuestra tierra", en otros casos se hace imprescindible seguir apoyándoles al alcanzar la mayoría de edad para que prosigan con sus estudios o hasta que logren acceder al mercado laboral.

En ese sentido, la Junta, tal y como ocurre con los menores nacionales que han sido tutelados, a los 'ex menas' se les incorpora al cumplir los 18 años a un programa de garantía de continuidad que les ofrece, en caso de necesitarlo, un mínimo colchón de 420 euros mensuales en su nueva etapa vital. "Ya hemos trasladado al Ministerio que consideramos que necesitamos más apoyo en este sentido para ofrecerles esta cobertura y darles una oportunidad como se la daríamos a nuestros hijos, porque ellos no tienen padres que se lo garanticen. Si no lo hacemos les estamos condenando a la vida en la calle, que siempre es un deporte de riesgo", finaliza Guadalupe Martín.

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