Más allá de las gravísimas consecuencias sanitarias que está provocando la pandemia de coronavirus en Castilla-La Mancha, donde ya se registran más de 1.800 hospitalizados y 215 fallecidos, es evidente que la economía regional va a sufrir un importante retroceso en los próximos meses debido a esta crisis. De hecho,según las estimaciones del Centro de Predicción Económica (Ceprede),el PIB caerá un 1,6 % en Castilla-La Mancha y se perderán 11.342 empleos en la región. La Junta ya ha reconocido que más de 3.000 empresas han solicitado Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y, ante esta situación, el Gobierno regional ha puesto en marcha un grupo de trabajo, donde están representadas todas las Consejerías, para avanzar en la recuperación.

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha elevado al Gobierno de la nación la posibilidad de articular un sistema de garantía de rentas al conjunto de las familias más vulnerables afectadas especialmente por la situación económica vinculada a la pandemia del coronavirus.

En rueda de prensa tras celebrar el Consejo de Gobierno de la región, Martínez Guijarro ha apuntado que, si a nivel nacional se pone en marcha un sistema orientado a esta garantía de ingresos, las comunidades autónomas y entidades locales podrían complementarla.

"Es un posicionamiento que tiene que tomar el Gobierno de España", ha afirmado, abundando en que en Castilla-La Mancha ya se está diseñando un grupo de trabajo con todas las diputaciones provinciales para analizar este extremo, incluso ya se están tomando decisiones al respecto.

Moratoria en los alquileres

Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto al Ministerio de Fomento una moratoria en el pago de los alquileres de aquellas viviendas que sean propiedad de grandes fondos y empresas que acaparan un gran volumen de inmuebles.

En todo caso, Martínez Guijarro ha avanzado que si el Gobierno estatal no toma esa decisión, desde Castilla-La Mancha se va a estudiar cómo paralizar el cobro de alquileres a las familias que residen en las 6.700 viviendas de titularidad pública del parque castellano-manchego.

El vicepresidente ha señalado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es dibujar escenarios sobre los se va a tener que trabajar a lo largo de las próximas semanas “porque tenemos muy claro que en esos momentos el objetivo será no dejar a nadie atrás”.