Una de las medidas que más impacto prometían en la lucha contra el coronavirus fue la puesta en marcha por parte del Gobierno estatal del Ingreso Mínimo Vital, una renta básica que permitiera a las familias con más dificultades salir a flote en un momento en el que la pandemia ya amenazaba con desatar un crisis económica sin precedentes. Sin embargo, el aluvión de solicitudes provocó un colapso en la gestión de este programa, que en las últimas fechas ha recibido un nuevo impulso.

De hecho, en la última semana la Administración ha movido ficha para contratar nuevos funcionarios interinos para desarrollar el programa temporal asociado a esta medida. Incluso, desde la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ya se ha comenzado a llamar a candidatos para reforzar las plantillas de administrativos y agilizar un trámite del que dependen las vidas de muchas familias. Los puestos ofertados abarcan un periodo de actividad de doce meses, prorrogables otros doce en caso de hacerse necesario.

No se trata de la única medida que se ha implementado para dar respuesta a este colapso de solicitudes que deben ser tramitadas, puesto que desde la Administración se ha apostado también por el uso de robots, que permitan realizar las tareas automatizadas y permitir al personal centrarse en las labores complejas. Asimismo, el plazo de resolución se ha ampliado para que pueda darse respuesta a todas las peticiones recibidas.

Más de la mitad serán rechazadas

El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha indicado que esta ayuda prometida por el Gobierno ha desbordado la capacidad del ministerio para hacer frente a las solicitudes recibidas. Como ejemplo, ha explicado que esta avalancha de peticiones "está por encima de nuestras expectativas", con prácticamente un millón de ellas en apenas tres meses. Se trata de un volumen excesivo para una plantilla que se ha visto mermada en los últimos años (20% menos de trabajadores que antes de la crisis) y que resuelve anualmente 728.317 expedientes de pensiones.

De las solicitudes formuladas, se espera llegar a la concesión de un 50 por ciento de ellas, mientras que la otra mitad serán rechazadas por incompatibilidades (con los requisitos de renta y patrimonio". La previsión del Gobierno es que este mes 135.000 hogares reciban ya la nómina de prestación, muchos de ellos radicados en Castilla-La Mancha.