El Gobierno de Castilla-La Mancha y Ecologistas en Acción (EA) coinciden en que el Acuerdo regional del Agua incluya el fin del trasvase Tajo-Segura y en la necesidad de que haya un criterio de sostenibilidad medioambiental en la gestión del agua.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo y el representante de EA de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Hernández, han coincidido esta tarde en la necesidad de que se ponga fin al trasvase y de que así se contemple en el acuerdo regional.

Ambos han mantenido una reunión en la ronda que está llevando a cabo el Gobierno regional para fijar una posición común en defensa del agua, "con el objetivo de tener para el mes de julio un documento firmado por el mayor número de entidades representativas del tejido social, económico, agrario y medioambiental de la región", ha indicado Martínez Arroyo.

"Queremos defender los intereses de Castilla-La Mancha con una única voz y, por lo tanto, pretendemos que ese documento de posición esté respaldado por el mayor número de entidades posibles", ha añadido.

Asimismo, ha avanzado que el documento va a hablar del acceso al agua, entre ellos el de los agricultores que son los usuarios más importantes de este recurso y de cuestiones medioambientales importantes, como que se mantenga el caudal ecológico de los ríos.

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo autonómico comparte con Ecologistas en Acción "el interés en garantizar el caudal ecológico del río Tajo, que pasa inevitablemente por poner fin a los trasvases del Tajo al Segura".

A juicio de Martínez Arroyo, no es la fórmula para resolver los problemas del país en materia de agua, por lo que en el documento se va a solicitar que se ponga fin al trasvase "y que la planificación en materia de agua no se reduzca de un trasvase tras otro del Tajo al Segura".

Utilización sostenible del agua

Martínez Arroyo ha abogado por hacer compatible la protección del medio ambiente "con la utilización sostenible de un recurso tan importante para la vida y para la economía como es el agua".

Por su parte, Hernández ha explicado que Ecologistas plantea que el documento que se está elaborando se parta de un concepto que es el que más aúna las aspiraciones de Castilla-La Mancha en relación al agua, que es la recuperación de los ríos y acuíferos de la región.

Se trata, según el representante de EA, de que los ríos y acuíferos dispongan de la cantidad de agua suficiente, de los caudales ambientales necesarios, que sería la garantía "de que se va a poner disponer de agua para los distintos usos que se le quiera dar en la región".

Para ello, Ecologistas en Acción entiende que hay que avanzar en dos direcciones, por un lado mejorar la planificación hidrológica y desarrollar de una vez por todas los caudales medioambientales y por otro reducir ciertas presiones.

Y la presión más importante es la del trasvase Tajo-Segura, según Hernández, que la ha definido como "una infraestructura que está dañando y perjudicando hasta el límite al río Tajo y además está cercenando las posibilidades de desarrollo sostenible de la región".

Hernández ha considerado también que Castilla-La Mancha está en una buena posición "para dar un ejemplo de buena gestión hidrológica", si a ello se suma una regulación de todas las demandas de la región.

"Tenemos que ser un ejemplo de la buena gestión del agua y en eso tenemos mucho que mejorar, sobre todo cuando hablamos del uso en la agricultura, que es la actividad que más agua consume", ha dicho Hernández, que ha subrayado que se puede articular un pacto sobre los pilares de respeto medioambiental a la gestión del agua y de ordenación sostenible de su uso. 

Castilla-La Mancha, contraria a las transferencias de la cuenca del Júcar

 Castilla-La Mancha no comparte el planteamiento de que haya transferencias de aguas del Júcar a otras cuencas como la del Turia o el Vinalopó, ya que considera que cualquier río que desemboque en el mar tiene su propia cuenca hidrográfica.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha abogado esta tarde por que se replantee el planteamiento de que en la cuenca del Júcar se incluyan las cuencas internas como la del Turia y el Vinalopó, en el que viene insistiendo el Gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama).

A preguntas de los periodistas, Martínez Arroyo ha dicho: "Nosotros no compartimos ese planteamiento, entendemos que cualquier río que desemboca en el mar es una cuenca hidrográfica y creemos que esa situación es injusta y que, por lo tanto, la forma de plantear esas transferencias dentro de la propia cuenca del Júcar, del Júcar al Vinalopó o del Júcar al Turia, hay que replanteársela".

Según Martínez Arroyo, el planteamiento de Castilla-La Mancha es "muy natural", que es el de "enfocar las cuencas como lo que son, que todos los ríos que desembocan en el mar tienen su propia cuenca hidrográfica y el Júcar es una cuenta por sí sola, no necesita incluir al Júcar y al Vinalopó".

En este sentido, ha lamentado que Castilla-La Mancha no pueda intervenir en la toma de este tipo de decisiones, ya que a pesar de que tiene el 75 por ciento de la cuenca del Júcar, "está absolutamente infrarrepresentada en los órganos de decisión".

Para el consejero de Medio Ambiente, Castilla-La Mancha debería de tener mucha más representatividad en esa cuenca, y ha asegurado que "si eso fuera así, las cosas serían de otra forma".

Y en relación al embalse de Alarcón, situado en la provincia de Cuenca, ha afirmado que es "un evidente anacronismo histórico que siga habiendo propiedad privada sobre un recurso público como es el agua, vinculada a regantes situados a cientos de kilómetros de donde está hecha la infraestructura".

También ha criticado que cuando hay sequía, "los habitantes de Albacete prácticamente tengan que pedir permiso para utilizar ese agua" y que incluso tienen que pagar a los regantes del Levante.

"No tiene ningún sentido, nadie lo entiende y es una decisión de la dictadura que evidentemente en este momento nadie tomaría", ha aseverado Martínez Arroyo, que ha añadido que "el agua es un recurso público y nosotros defendemos se gestione como tal y no siempre desde una perspectiva del mercadeo, cuando lamentablemente del agua dependen los territorios y sobre todo dependen las personas".