La cobertura de las medidas del Plan de Garantías Ciudadanas puesto en marcha por el Gobierno regional es inferior al 6,5 por ciento sobre el total de los 130.500 hogares con bajos ingresos que hay en Castilla-La Mancha, a excepción de las ayudas para libros que llegan al 12,2%. En cuanto a la cobertura del instrumento utilizado para paliar las situaciones de extrema vulnerabilidad, el Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS), sólo alcanza al 2,5% de los hogares con bajos ingresos.

Así se desprende del Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha iniciado su tramitación, y en el que se asegura que atiendo a estos datos "existen razones suficientes para implantar en la comunidad una ley que garantice unos ingresos mínimos y acceso a unas ayudas cada vez más necesarias".

Dicho anteproyecto recoge la memoria económica de la ley, en la que se indica que la Consejería para la coordinación del Plan de Garantías ha realizado una estimación presupuestaria teniendo en cuenta la previsión de inicio de implantación de la ley en enero de 2019.

Dificultades presupuestarias

En el texto, recogido por Europa Press, se detalla que pese a la buena expectativa de crecimiento económico y la estimación del incremento de los ingresos en la región, la capacidad presupuestaria y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera "imposibilitan" la implantación de una nueva ley cuyo presupuesto supere los 260 millones de euros.

En el texto se detalla que se van a proyectar dos posibles escenarios de Renta Garantizada: el primero de ellos establece un límite de ingresos para las unidades de convivencia de un solo miembro del 70% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -de 600,99 euros mensuales-, incrementándose un 15% para unidades de convivencia de dos miembros y un 10 por ciento adicional en el caso del tercer miembro y sucesivos.

En este escenario la estimación presupuestaria que supondría la cobertura de ley para la totalidad de los hogares es de 327.804.126 euros. De ellos, 231.626.666 euros tendrían carácter de nueva inversión, ya que 96.177 millones corresponden al importe presupuestado en 2018 en planes de empleo e Ingreso Mínimo de Solidaridad. En el caso de aplicar este escenario, serían un total de 28.487 los titulares del derecho de Garantía de Ingresos y 121.539 los destinatarios.

Pero el Anteproyecto de Ley, recogido por Europa Press, habla de un segundo escenario, que establece un límite de ingresos del 65 por ciento del SMI -558 euros mensuales- para unidades de convivencia de un solo miembro, incrementándose de igual modo que en los casos contemplados en el escenario 1.

Así en caso de establecerse este segundo escenario, el presupuesto de la ley seria de 272.636.000 euros, un 16,8 por ciento menos que el anterior, debido, exclusivamente, a la menor inversión realizada en las medidas correspondientes a la Garantía de Ingresos. De ellos, cerca de 176 millones de euros supondrían una inversión nueva para la Junta de Comunidades. En caso de aplicarse este escenario, serían un total de 24.020 los titulares del Derecho de Garantía de Ingresos, y 102.997 los destinatarios.

Mientras la inversión prevista en el escenario 1, el que supone el 70% del SMI, asciende a 327 millones para el ejercicio 2019 y aumentaría a más de 340 en el ejercicio 2020 y a 353 millones de euros en el 2021, en el caso del escenario 2 -el que cubre el 65 por ciento de SMI- el presupuesto pasaría de los más de 272 millones en 2019, a 282 en 2020 y 293 en 2021.

Así las cosas, la Consejería para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, de acuerdo con los supuestos adoptados, concluye que el impacto anual que previsiblemente tendrá la aplicación de la Ley de Garantías de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha en el presupuesto de la Junta de Comunidades ascendería a 79.841.139 euros, en el caso del escenario 1.

De ese total, el importe que corresponde a nueva inversión sería de 42.494.840 euros, ya que la Renta Garantizada sustituye al Ingreso Mínimo de Solidaridad y, tal como establece la Garantía de Ingresos, las políticas activas de empleo remuneradas se consideran un instrumento generador de ingresos en la unidad de convivencia. En caso de que el límite de ingresos establecido sea del 65% de SMI, el llamado escenario 2, el presupuesto que tendría que destinar el Gobierno regional sería de 67.824.928 euros. De ese volumen, la inversión nueve sería de 33.346.683 euros.

Hogares con problemas

Se recuerda en el Anteproyecto de la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas que la reciente encuesta realizada por la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina muestra que el número de hogares con bajos ingresos en la región es de 130.500, lo que representa el 17 por ciento del total de hogares y el 15,4 por ciento de la población de la región. De esos 130.500, un total de 31.837 son hogares con menores.

Por provincias, encabeza la lista la de Toledo con 41.679 hogares con bajos ingresos, seguida de Ciudad Real, con 35.898, Albacete con 26.222, Guadalajara con 7.892 y Cuenca con 4.268.

Otros de los indicadores ofrecidos por el diagnóstico de la UCLM, que evidencia la situación generada por los bajos ingresos de los hogares de Castilla-La Mancha, son que casi el 40 por ciento de los hogares de la región tienen dificultades para llegar a final de mes y que la carencia material severa es del 8 por ciento, tanto sobre el número de hogares como sobre el total de la población.

"Atendiendo a los datos podemos concluir que existen razones más que suficientes para implantar en Castilla-La Mancha una Ley que garantice unos ingresos mínimos y acceso a unas ayudas cada vez más necesarias", reza el Anteproyecto de la Ley.