El pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado este viernes, entre otros asuntos de interés, inversiones en pueblos por valor de 442.000 euros y el convenio que regula la relación que se establece con el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan como consecuencia de la asunción, por parte del Servicio Provincial de Recaudación, de la gestión de los tributos municipales en la citada localidad.

En ambos casos se dota de continuidad al apoyo permanente que la Diputación presta a los pueblos de la provincia, según ha destacado el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, tras hacer hincapié en el carácter auxiliador que mantienen con los ayuntamientos para mejorar la vida de quienes residen en el territorio ciudadrealeño.

Tanto es así, que con el montante aprobado se incorpora otra cantidad importante al total, pues cuando concluya el presente ejercicio la Administración que preside Caballero habrá destinado a obra pública 19 millones de euros.

Son siete en esta ocasión los municipios que reciben apoyo económico para la realización de actuaciones que tienen que ver con la mejora y el acondicionamiento de espacios y edificios públicos, equipamiento y mobiliario, sustitución de alumbrado, pavimentación y rehabilitación de espacios deportivos, entre otras actuaciones, ha informado la Diputación en un comunicado.

El pleno ha procedido, por otra parte, a la aprobación de la Cuenta General de 2018, que arroja un superávit de 72 millones de euros. El Grupo Popular ha votado en contra ante "la reticencia a cumplir con los acuerdos de fiscalización por parte de los órganos gestores", según reza en un informe de Tesorería de la Diputación.

El viceportavoz, Adrián Fernández, ha opinado que la Diputación "ha tenido una falta de previsión muy acusada, para realizar una buena fiscalización, y han faltado tanto recursos humanos como materiales; y que han tenido una escasa o nula capacidad de adaptarse a la nueva normativa y tiene que adecuar la institución provincial al cumplimiento de la ley".

Caballero ha calificado de "incoherente" el voto desfavorable de la oposición porque la Cuenta General engloba todas las actuaciones que ha llevado a cabo la Diputación durante 2018, de las que el 99,9 por ciento obtuvieron el respaldo del Grupo Popular.

A su juicio, en el sentido del voto tiene mucho que ver "con que estamos a las puertas de unas elecciones y se sienten incómodos en el acuerdo". Ha añadido que "no tiene ni lógica ni sentido" votar en contra cuando la institución provincial gestiona más recursos y presta más apoyo que nunca a los pueblos y a los ciudadanos de la provincia. Y, además, es solvente y no debe nada a los proveedores, ni a los ayuntamientos ni a los bancos.

Los diputados provinciales han ratificado, asimismo, la modificación de los Estatutos del Consorcio del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS). Se trata de un trámite pendiente desde el ejercicio de 2014 motivado por una normativa legal que entró en vigor en 2013.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, establece en su disposición final segunda que los estatutos de los consorcios determinarán la administración pública a la que están adscritos, así como su régimen orgánico, funcional y financiero. Estas modificaciones se deberían haber acometido en el plazo de un año desde el 31 de diciembre de 2013, cuando entró en vigor la normativa.

El Grupo Popular, según ha informado en un comunicado, ha lamentado que se haya aprobado la modificación de los Estatutos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y Salvamento de la Provincia de Ciudad Real "sin que haya habido acuerdo entre los dos grupos políticos" y donde, debido a esta modificación, "pierde representación municipal el Partido Popular".

El secretario del Grupo Popular, Carlos Martín de la Leona, ha propuesto dejar sobre la mesa el punto donde se debatía esta aprobación y que se sentaran los dos grupos políticos a negociar una modificación de Estatutos y que éstos se adapten a la ley. También ha visto "muy conveniente" la creación de un órgano de participación de todos los ayuntamientos.

Delegado de protección de datos

Otro punto incluido en el orden del día que ha recibido el apoyo mayoritario de la Corporación provincial es la creación de una plaza en la plantilla funcionarial delegado de Protección de Datos.

Con la creación de esta plaza el equipo de Gobierno pretende que se preste servicio en esta materia a la Diputación de Ciudad Real y a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que lo soliciten.

El Grupo Popular a través de su portavoz, Leopoldo Sierra, ha cuestionado la forma en que se ha procedido a la previsión de creación de una plaza de Técnico Superior de Protección de datos, donde se ha optado por el concurso singularizado en lugar de el concurso oposición o por oposición, ha informado el PP.

Asimismo, según la Institución provincial, durante el pleno se ha dado cuenta de los diputados provinciales que integran el Comité de Seguridad y Salud atendiendo a las designaciones que han comunicado los grupos políticos que cuentan con representación en la Institución provincial.

El Grupo Socialista ha propuesto a Jacinta Monroy Torrico, Mariano Ucendo Díaz-Pintado y Petra Sánchez Bonales, mientras que el Grupo Popular ha comunicado que Mercedes Escabias Pinto y Cortes Valentín González formarán parte del citado órgano.