El 61,9 por ciento de los jueces y magistrados de Castilla-La Mancha ha seguido la huelga convocada por las asociaciones profesionales de jueces y fiscales para pedir más independencia del poder judicial, así como unas condiciones dignas para ejercer la profesión.

La jornada de paro ha sido secundada por 112 de los 181 jueces y magistrados que hay en la región, según ha informado en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), que ha indicado también que en la región se han suspendido un total de 196 juicios y 97 diligencias.

Con motivo de la huelga ha habido concentraciones en las cinco provincias en los jueces decanos y representantes de las asociaciones de fiscales han leído comunicados con los motivos por los que han convocado esta acción de protesta y con sus principales reivindicaciones, que en el caso de Ciudad Real han acompañado colgado de manera simbólicas sus togas a la puerta de los juzgados de la ciudad.

Además de leer los comunicados, en algunas provincias han dado datos sobre el seguimiento de la huelga, como en la Albacete, donde han indicado que el seguimiento ha sido mayor que el del paro del pasado 22 de mayo, que han cifrado en más de un 75 % tanto en los órganos provinciales como en la Fiscalía de Castilla-La Mancha.

También han dado cifras en Cuenca, donde han calculado que ha sido seguida por un 20 % de los fiscales en la capital, aunque ha habido partidos judiciales con un seguimiento del cien por cien, como en Motilla del Palancar, según la asociación de jueces 'Francisco de Vitoria'.

En cambio en otras provincias, como las de Toledo o Ciudad Real, las asociaciones convocantes no han facilitado datos de seguimiento del paro, aunque la jueza decana de Ciudad Real, Isabel Serrano, y la fiscal Arancha Vinuesa han asegurado que en esta provincia la huelga ha sido secundada mayoritariamente.

Apoyo de Rouco

A la concentración de Albacete han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), Vicente Rouco, y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, mientras que a la puerta de los juzgados de Toledo se han concentrado una veintena de jueces y fiscales y una docena frente a los de Cuenca.

En los comunicados, han pedido una mayor independencia del poder judicial y han criticado "una vez más, y sin el más mínimo respeto por el poder judicial", que se haya anunciado acuerdo entre los partidos políticos sobre el próximo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ha apuntado el juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano. 

Asimismo, Brigidano ha alertado sobre "la situación insostenible de la carrera judicial y fiscal", en aspectos como falta de medios, cargas de trabajo saludables, retribuciones dignas, permisos, licencias o creación de plazas 

"Hoy más que nunca, los jueces y fiscales tenemos que salir a defender el estado de derecho, la separación de poderes", ha aseverado Brigidano, que ha considerado que "un Consejo General elegido por las fuerzas políticas va a generar dudas sobre la independencia de la Justicia con riesgo evidente de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y por lo tanto confianza en el Estado de derecho".

Y ha añadido: "La huelga de hoy es una situación idónea para demostrar a la sociedad que jueces y fiscales defendemos la separación de poderes, un Consejo General independiente y una carrera judicial con unas condiciones profesionales dignas, al servicio de los derechos de los ciudadanos".

Por su parte, el representante de la Unión Progresista de Fiscales Joaquín López, ha defendido que sus demandas "son de justicia e ineludibles" y ha hecho hincapié en "la necesidad de reforzar la independencia del ministerio fiscal a través del reconocimiento efectivo de su autonomía y singularidad presupuestarias, así como la clarificación y definición de la relación entre el fiscal general del Estado y el poder ejecutivo".

Además, ha insistido "en la necesidad de derogar, de una vez por todas, el sistema de plazos máximos tasados para la instrucción penal en el país", que ha calificado como "un instrumento absolutamente ajeno al sistema procesal existente y es un elemento distorsionador y sobre todo generador de un riesgo cierto de impunidad y de una deficiente reparación de las víctimas".

Entre las reivindicaciones de los fiscales, López ha reclamado "la inaplazable paralización del sistema de Justicia Digital, que no viene a resolver la problemática ni las necesidades del ministerio fiscal para ejercer sus funciones".

Igualmente, ha abogado por definir el puesto de cada uno de los fiscales, fijar cargas máximas de trabajo saludables, y que se cree un reglamento de funcionamiento interno propio de une Estado democrático, ya que el actual data de 1969, lo que ha considerado que es "una situación demencial".