La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acoge desde este lunes el juicio, con jurado popular, a J.M.P., el policía local de Albacete acusado de la muerte de Jairo R. A., que residía en esta misma ciudad, presuntamente por una deuda de drogas, y para quien el fiscal pide 15 años de cárcel por un delito de homicidio.

También se sienta en el banquillo de los acusados J.P.R., primo del procesado por homicidio, y para quien el Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel por un presunto delito de encubrimiento, acusado de haber ayudado a su familiar a deshacerse del cadáver, que lanzaron desde un puente al río Júcar.

En la primera sesión ha quedado constituido el jurado, formado por nueve miembros titulares, cinco hombres y cuatro mujeres, y dos suplentes, en ambos casos mujeres.

La sesión ha comenzado con los alegatos iniciales del Ministerio Fiscal y la acusación particular, así como de los abogados de la defensa, y la declaración de ambos procesados está prevista para mañana martes, 8 de junio.

La acusación particular considera que se trata de un delito de asesinato, lo que elevaría la pena de cárcel a J.M.P. a 25 años.

El juicio está previsto que se desarrolle a lo largo de dos semanas durante los cuales se verán los hechos que ocurrieron en septiembre de 2017.

El escrito de acusación expone que en la noche del viernes 15 de septiembre de 2017, J.M.P. recogió a la víctima, de nacionalidad colombiana, en el punto donde habían quedado para hablar de cómo el acusado -que consumía cocaína- iba a saldar una deuda contraída con la víctima precisamente por la venta de esa sustancia.

No obstante, la fiscalía ha detallado que ese consumo de estupefacientes "no le afectaba de ningún modo a sus facultades mentales de pensar y decidir sus acciones".

El acusado llevó a la víctima a su trastero, con el objetivo de ofrecerle algunos artículos que guardaba en él como pago por la deuda, si bien Jairo R.A. lo rechazó porque solamente quería el dinero y que cuando se alejaba por el pasillo el acusado cogió un objeto de hierro puntiagudo y le golpeó en la cabeza, causándole la muerte, tras lo que envolvió el cadáver en mantas y plásticos y lo dejó en el trastero.

Con el paso de los días, los vecinos se quejaron del olor que desprendía el trastero y el acusado pensó que tenía que deshacerse del cuerpo "rápidamente" y destruir las pruebas que lo incriminasen, de modo que se lo contó a su primo -el otro procesado- quien le ayudó a tirar al río Júcar el cadáver.

Lo hicieron el martes 19 de septiembre de 2019, cuando ya había anochecido, y al día siguiente, sobre las tres de la tarde, un vecino, al cruzar un puente sobre el Júcar -próximo al que eligieron los acusados para lanzar el cuerpo de la víctima-, vio algo flotando que le parecía un cadáver, alertó a dos vecinos y llamaron al 112.

Esos días en que víctima estuvo desaparecido su familia movilizó recursos para su búsqueda, puesto que salió una noche de su domicilio, dejando solos a sus hijos menores, a quienes dijo que regresaría pronto, y ya no volvió.