El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido este miércoles al Gobierno de España que el Ministerio para la Transición Ecológica haya decidido realizar una auditoría para abordar “los 73 millones de gasto muy opaco” en la gestión del cementerio nuclear proyectado en la localidad conquense de Villar de Cañas.

Así lo ha expresado el jefe del Ejecutivo autonómico tras la firma del convenio por el que el Gobierno regional cede al Ayuntamiento de Ciudad Real los 1.800 metros cuadrados de terreno donde se creará el llamado Parque de la Sanidad y que, hasta la fecha, pertenecían al antiguo edificio de la Delegación provincial de Sanidad y Bienestar Social de la calle Postas. “Sabemos, intuimos, que ha podido haber un uso un tanto discutible y queremos que se sepa”, ha subrayado el presidente regional, ya que se trata de “mucho dinero, al margen de que la finalidad también es bastante discutible”.

En opinión del presidente García-Page, esta auditoría podría ser de gran valor para que “arrojen luz” y se pudieran depurar “responsabilidades” sobre las inversiones realizadas en torno a una infraestructura “que no quería nadie” y que ha tenido como principal “víctima” a “esta tierra”.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que tiene la sensación de que en los 73 millones de euros gastados en impulsar Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) "hay bastante más basura que la nuclear".

Así ha respondido Martínez Guijarro al ser preguntado por la información que publicó este martes El Independiente en la que afirma que el Ministerio para la Transición Ecológica investigará todas las inversiones realizadas ya por Enresa y los contratos adjudicados para impulsar el almacén, que ascienden a 73 millones de euros desde 2012.

"Desde el Gobierno regional llevamos pidiendo transparencia en todo lo que hace referencia al cementerio nuclear de Villar de Cañas desde el primer momento, incluso en la anterior legislatura desde la oposición lo hacíamos y lo hemos venido haciendo desde el Gobierno regional porque nos ha parecido en todo momento un procedimiento bastante oscuro, donde no había la posibilidad de acceder a información", ha indicado.

Según ha manifestado, la decisión de la ubicación del cementerio nuclear en Villar de Cañas fue "una decisión alejada de criterios técnicos" y una decisión "estrictamente política" adoptada por el Consejo de Ministros tras un acuerdo con la expresidenta regional María Dolores de Cospedal que "había roto su compromiso con esta región". "73 millones de euros son muchos millones de euros gastados en no sabemos qué, porque allí no hay un cementerio nuclear ni nada que se le pueda parecer, afortunadamente para esta Comunidad Autónoma", ha dicho.

En esta misma línea, ha aseverado que los ciudadanos tienen derecho a conocer en qué se han gastado esos 73 millones de euros, "porque son muchos recursos públicos que darían para resolver muchos problemas". Así, ha recalcado que con 73 millones de euros se podría pagar una buena parte del Hospital de la ciudad de Cuenca o una buena parte de la conexión de la ciudad de Cuenca con el Levante por autovía.

Martínez Guijarro sospecha que muchos de los millones invertidos ya en impulsar el cementerio nuclear van destinados a realizar informes "para intentar corregir algo que no era fácil de corregir, que era el error en la decisión por las características que tenían los terrenos". "Es importante que haya una voluntad del nuevo Gobierno de España para que se sepa a qué se han destinado esos 73 millones", ha concluido.

Reacción del PP

Por su parte, la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Cuenca María Jesús Bonilla ha insistido hoy en que “no hay razones técnicas” para paralizar un proyecto de estado tan importante como es el ATC de Villar de Cañas, aunque “lo que sí parece haber son razones meramente políticas y partidistas por parte del Gobierno de Sánchez”.

La dirigente popular, que intervino como portavoz del PP en la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica en Comisión, ha reprochado al Gobierno de Sánchez que se haya negado a explicar “las verdaderas razones por las que ha tomado la decisión de paralizar el ATC”. En este sentido, se ha preguntado si esto tendrá que ver con “pagar favores” a Podemos, como ha sucedido en Castilla-La Mancha donde Page, siguiendo órdenes de la formación morada, lleva tres años torpedeando este proyecto.

De igual modo, Bonilla ha querido recordar el recorrido de todo el proyecto, desde sus inicios en 2004 hasta la publicación oficial en 2010 del listado con los cuatro potenciales finalistas de albergar la construcción de este almacén de residuos nucleares, todo ello con gobiernos socialistas al frente. Por ello, ha reprochado a los dirigentes del PSOE que cuando en 2015 -ya con el Gobierno del PP-, “se decide el municipio finalista es cuando (los socialistas a nivel nacional y en Castilla-La Mancha) empiezan a cuestionar el procedimiento, pese a que Villar de Cañas reúne, según todos los informes, los requisitos de idoneidad para que el ATC pueda ubicarse allí”.

De ahí que la también portavoz adjunta del Grupo Popular haya exigido al Gobierno de Sánchez y a su homólogo socialista en Cuenca “más seriedad” en esta materia, con más razón cuando “el procedimiento que ha existido ha sido reglado, público y transparente”, remarcando y haciendo hincapié en el hecho de que el PP “ha mantenido la misma postura desde el minuto uno hasta hoy”.

“Estamos hablando de una cuestión de Estado, de un servicio público esencial, y hoy no se trata de si nucleares sí o no”, ha advertido, “no engañemos a los ciudadanos”. “Estamos hablando de la responsabilidad, la urgencia y la necesidad de gestionar una serie de combustibles nucleares gastados y de los residuos radiactivos de alta actividad, que es una realidad y que tenemos la responsabilidad de darle una solución”, ha añadido Bonilla, y “el no darla”, ha alertado, “supone el incremento del riesgo de la seguridad nuclear, del gasto que pagan los ciudadanos -80.000 euros al día- y del incumplimiento de las obligaciones a nivel europeo”.

“Si de verdad les hubiera preocupado la seguridad nuclear se habrían esperado a ver qué decía el informe del Consejo de Seguridad Nuclear”, manifestaba Bonilla al asegurar que “lo que no es normal es que el Gobierno de Sánchez se  cuestione ahora hasta los propios informes, pues el Informe Preceptivo para el emplazamiento está aprobado por el CNS, y así lo recoge en la petición enviada por el Secretario de Estado al Consejo de Seguridad Nuclear”.

“Esos ciudadanos optaron legítimamente por ese concurso, lo hicieron legalmente, se siguieron todos los procedimientos legales y han estado trabajando por ello, poniendo todo lo mejor de sí mismos”, ha dicho sobre los vecinos de Villar de Cañas, lamentando que con “los bandazos” dados por el Gobierno la zona de Cuenca “está perdiendo una gran oportunidad”, poniendo sobre la mesa las cifras concretas de estas pérdidas: 1.000 millones de inversión, 300 o 500 puestos de trabajo, de oportunidades y desarrollo, y de un servicio alto al interés general. “Es intolerable la deslealtad del Gobierno de Page torpedeando de manera sistemática este proyecto tan importante para el desarrollo de Cuenca y para España”, ha añadido.

Por todo ello, y porque ese procedimiento “ha sido impecable hasta la fecha”, Bonilla ha concluido subrayando que “no hay razones técnicas, basadas en documentos” para paralizar la construcción del ATC, por lo que “les pedimos coherencia y sensatez, no dar bandazos y no paralizar un proyecto tan importante para la economía del país, para Cuenca, y para la seguridad nuclear de todos”.