La Fiscalía provincial de Toledo ha pedido diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la exalcaldesa del municipio toledano de Corral de Almaguer, Juliana Fernández de la Cueva, acusada de un delito continuado de prevaricación administrativa cuyo juicio tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Toledo el próximo 14.

En el escrito de acusación consultado por Efe la fiscal recoge que además de la exregidora del PP también está acusado el que entonces era teniente alcalde, Vicente González, y que para ambos solicita la misma pena.

La exalcaldesa tenía funciones en materia de seguridad vial, entre las cuales se encontraba la facultad de sancionar en materia de control y ordenación del tráfico en las vías urbanas de titularidad municipal, así como el exteniente alcalde era vocal de la comisión informativa de personal, régimen interior y tráfico con competencias en la instrucción de los expedientes de multas.

La acusación se basa en varios expedientes entre junio y agosto de 2013 de los que los dirigentes municipales estimaron las alegaciones de los tres conductores multados -uno de ellos en dos ocasiones- y archivaron los expedientes sin que los multados perdieran sus puntos del carné de conducir.

En dos de los expedientes los conductores sancionados superaban la tasa de alcohol permitida y fueron multados pero pagaron beneficiándose de la reducción del 50 % y presentaron alegaciones para la no retirada de puntos que fueron admitidas y, por tanto, sobreseídos y archivados los expedientes.

Unas resoluciones que la Fiscalía ha considerado injustas y arbitrarias, impeditivas de los efectos de una sanción firme en materia de seguridad vial en base a la exclusiva voluntad de los acusados, quienes actuaron con el ánimo de favorecer a los sancionados.

Otro de los expedientes está referido a una multa de tráfico por la no utilización del cinturón de seguridad, por la que se sancionó al conductor con 200 euros y la pérdida de tres puntos, el cual repitió la misma operación (pagó el 50 %) y presentó alegaciones, mientras que el cuarto expediente es relativo a una conducción temeraria a alta velocidad con peligro de colisión contra vivienda.

La Fiscalía ha señalado en su escrito que la conducción bajo los efectos de una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg por litro está prevista como infracción grave y conlleva la pérdida de cuatro puntos del crédito inicial asignado al conductor.

La no utilización del cinturón de seguridad también es una infracción grave que supone la pérdida de tres puntos, mientras que la conducción temeraria es una infracción grave con la que el conductor pierde seis puntos del carné.

Por todo ello, para la fiscal los hechos perpetrados por los coautores -la exalcaldesa y el exteniente alcalde- constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa y ha solicitado su inhabilitación por un período de diez años.