CCOO-FSC planteará ampliar la convocatoria de huelga en el transporte sanitario tras emitir la Consejería de Sanidad una nueva resolución incrementando los Servicios mínimos impuestos a las plantillas.

En un comunicado, el sindicato ha recordado que ya había recurrido las primeras resoluciones de servicios mínimos dictadas por la Consejería, que obligan a trabajar a cerca del 95 por ciento de las plantillas --el 100% en transporte sanitario urgente y emergencia y en torno al 90% en programado-- y que CCOO considera que "infringen" el derecho fundamental a la huelga.

No obstante, el pasado viernes la Consejería publicó una nueva resolución, añadiendo a los anteriores servicios mínimos dos más, el transporte derivado de alta hospitalaria de paciente COVID y el transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente COVID, por lo que CCOO considera que "si antes ya eran abusivos, estos nuevos servicios mínimos no tienen razón de ser ninguna".

El responsable de Transporte por Carretera de CCOO-FSC en Castilla-La Mancha, Alfonso Tercero, ha indicado que la huelga convocada es desde las 11.00 a las 19.00 horas por lo que los traslados de altas "muy bien se pueden hacer en cualquier otro horario". "Vamos a plantear a los demás sindicatos y comités de empresa convocantes de la huelga ampliar la convocatoria a 24 horas; y sin descartar ninguna otra medida para reforzar el conflicto", ha añadido.

A su juicio, "Sanidad, que es titular y responsable de este servicio público esencial, sigue sin hacer nada por ayudar a resolver el conflicto y parece que su único interés en taparlo, vaciando por completo de contenido el derecho fundamental a la huelga, que es lo único que les queda a las trabajadoras y los trabajadores para intentar cobrar lo que es suyo".

Por ello, el sindicato volverá a "exigir a Sanidad que cumpla sus propios compromisos, que se atenga a la palabra dada cuando firmamos el convenio que las contrata llevan todo el año incumpliendo y que intervenga para poner fin a esta situación". "Aquí hay una ilegalidad evidente y persistente que afecta a las 1.700 personas que prestan un servicio público esencial de la entera competencia de la Consejería de Sanidad", ha destacado Tercero.