Representantes del mundo empresarial, de los municipios ribereños, del ámbito de la arquitectura y expertos en demografía han planteado una serie de recetas contra la despoblación en Castilla-La Mancha que pasan por establecer incentivos al trabajo y la vivienda, la utilización de los recursos naturales y un plan de ordenación territorial. Así lo han expuesto en las Cortes regionales los cuatro ponentes que han participado en la comisión no permanente de estudio para alcanzar un pacto contra la despoblación que ha acogido este martes el Parlamento autonómico.

La demógrafa y redactora del Mapa de la Despoblación en España y en Europa, Pilar Burillo, ha planteado aplicar un trato fiscal similar a las Islas Canarias como fórmula para revertir la despoblación y generar empleo en la Castilla-La Mancha abandonada, advirtiendo de que las cinco provincias tienen problemas demográficos.

Es por ello que, siguiendo el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha propuesto aplicar a las NUTS 'Áreas Escasamente Pobladas de España', la misma política fiscal que se aplica a las Insulares Ultraperiféricas, es decir, las Islas Canarias, que "ya no tiene problemas demográficos", ha apuntado.

Entre los ejemplos que ha citado se encuentran un IVA reducido al 7 por ciento, un impuesto de sociedades del 4 por ciento, reducción a los residentes del 50 por ciento del IRPF, bonificación del 80 por ciento en el sueldo de administrativos, médicos y profesores, así como una PAC especial (el agricultor de Teruel cobra 80 euros por hectárea de almendros y el de las Islas Canarias 700 euros).

"Lo que se ha aplicado en su insularidad funciona", ha sostenido esta experta en demografía, quien ha dicho que este tipo de medidas de discriminación positiva a nivel fiscal hacen que la gente quiere ir allí a trabajar, las empresas quieran instalarse y se desarrolle empleo.

Según ha insistido, "no se va a frenar la despoblación hasta que no haya empleo y no sea interesante poder vivir en estas zonas". Además, ha hablado de la importancia que tiene el poder tener un Internet de calidad, y vías de comunicación y servicios mínimas.

Burillo cree que aplicar estas medidas en áreas despobladas de la región es posible ya que serían provisionales, puesto que "si se hacen medidas adecuadas y el territorio se repuebla" ya no se tendrían que aplicar.

De cara a la reunión del 3 de julio que mantendrán los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Aragón, Javier Lambán, para plantear estrategias contra la despoblación, ha afirmado que considera "muy injusto" escuchar que solo Teruel, Soria y Cuenca tienen problemas demográficos, cuando hay 44 provincias españolas que tienen ese problema, incluidas las cinco de Castilla-La Mancha.

Ha calificado de "buena" iniciativa esta reunión, pero ha advertido de que es importante que el Gobierno de España lleve estas reivindicaciones a la Unión Europea para que estos territorios puedan recibir ayudas europeas y se puedan plantear estrategias que han funcionado, como ha ocurrido en las Islas Canarias.

De su lado, el vicepresidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (Fecir), Manuel Carmona, ha sido el primero en intervenir y ha abogado por crear un "ambiente favorable" para atraer empresas a las zonas rurales y, sobre todo, "cuidar" de las que ya están instaladas, así como ha apostado por procurar un ámbito urbanístico "flexible" y que los jóvenes tengan facilidades para acceder a una vivienda.

Durante su exposición, Carmona ha resaltado que la situación actual derivada de la crisis del coronavirus ha puesto en valor el entorno rural alejado de las grandes concentraciones entendido como un ámbito seguro, al que se puede atraer y retener el talento, posibilitar el teletrabajo que "ha venido para quedarse", ha dicho, y poner en marcha una serie de incentivos a la contratación con bonificaciones a la Seguridad Social e infraestructuras digitales para salvar la brecha.

Carmona ha incidido en la necesidad de "crear un entorno laboral apetecible" para que las empresas puedan trasladarse e implantarse para crecer en los entornos rurales y, para ello, ha propuesto la agilización en la tramitación de licencias y una remodelación "integral" de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (Lotau) para adaptarla a la realidad actual y a la actividad de los pueblos.

También ha considerado importante impulsar las ayudas a la compra de vivienda para la población joven, cuyo presupuesto ha considerado que puede resultar insuficiente, las ayudas a la rehabilitación y, todo ello, complementado con incentivos fiscales, bonificaciones para la construcción de vivienda y ayudas para la constitución de préstamos y otros actos jurídicos documentados.

Recuperación de edificios y nueva construcción

En esta misma línea, la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, María Elena Guijarro, que ha sido la tercera en intervenir en la comisión, ha coincidido en la necesidad de recuperar edificios y facilitar la construcción en el entorno rural con la agilización de licencias, ya que ha puesto como ejemplo que en 2018 la Diputación de Guadalajara tardaba un año en emitir un informe al respecto.

Guijarro ha defendido la arquitectura, y sobre todo el urbanismo, como "técnica clave" para el reto de la lucha contra la despoblación y ha pedido que se elabore un plan de ordenación territorial por parte de un equipo multidisciplinar para hacer un diagnóstico de cada zona y definir qué hacer, cuáles los objetivos y las soluciones.

En este sentido, ha lamentado que Castilla-La Mancha "no tiene redactado ningún plan territorial a día de hoy" pese a que en 2007 hubo una estrategia que no llegó a desarrollarse, y ha dicho que este plan, que debería estar redactado "en dos años", sería la base para la elaboración posterior de planes locales en cada municipio y para adaptar cada figura de planeamiento a su entorno concreto.

Además, la decana del Colegio de Arquitectos ha señalado que la construcción en el entorno rural supone una actividad "muy importante" que ayuda a fijar población en las zonas donde ya no solo hay agricultura y ganadería, así como la recuperación del patrimonio que "se está dejando perder" como pequeñas iglesias, conventos o palacios y, a este respecto, ha lanzado alguna propuesta como un centro de interpretación del románico en la provincia de Guadalajara a fin de recuperar todas las iglesias románicas.

Por otro lado, otro de los ponentes en la comisión no permanente de estudio ha sido Miguel Ángel Sánchez, técnico de la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, quien ha puesto sobre la mesa un informe que refleja que en prácticamente todos estos municipios se ha producido un descenso de la población entre 1998 y 2018.

Ha remarcado que la pérdida de población ha sido más acusada después de la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura y ha considerado que la gestión del agua y contar con superficie de regadío en estas zonas es fundamental, pero ha lamentado que "no ha habido voluntad política del Gobierno de España" para acabar con este entorno de secano y que, de hecho, la superficie para regadío en Cuenca representa solo el 1 por ciento y en Guadalajara el 1,7 %.

Para Sánchez, la solución para "parar la hemorragia demográfica" en el entorno de los municipios ribereños está ligada al uso del agua, a “hablar con cada alcalde” y a que "de una vez por todas" el Ejecutivo central deje a estos municipios utilizar sus recursos naturales para mantener la población.

De igual forma, ha pedido de nuevo "unidad" en la región para "reclamar lo que nos pertenece" en materia de agua, ya que ha dicho que "se podrían hacer muchas cosas" con los 70 hectómetros cúbicos que se han trasvasado en el último mes y que están en el embalse del Segura, y ha celebrado que el Gobierno haya anunciado que va a modificar las reglas de explotación del trasvase.