La Audiencia Provincial de Toledo acogerá el próximo miércoles un juicio contra un acusado de un delito de apropiación indebida perpetrado en Illescas, para el que el fiscal pide tres años y medio de cárcel y una indemnización de más de 17.000 euros para la persona afectada por los perjuicios causados.

En su escrito de acusación, consultado por Efe, el fiscal relata que el 27 de noviembre de 2014 el acusado recibió el encargo de una persona para realizar diversas gestiones derivadas de un contrato de compraventa de un inmueble, entre las cuales estaba la inscripción en el Registro de la Propiedad y el pago de los impuestos.

Para ello, y confiando en que el acusado realizaría dichas gestiones, como hacía habitualmente con otros miembros de su familia, la demandante le entregó un cheque a nombre de él por valor de 16.900 euros.

Sin embargo, el acusado no destinó el dinero a las gestiones encargadas, sino a otro fin, y presentó ante la oficina liquidadora del distrito hipotecario de Illescas una autoliquidación el 26 de febrero de 2015 con una base liquidable de 0 euros, de modo que no ingresó cantidad alguna para el pago de los impuestos.

Un mes después, el 25 de marzo de 2015, la oficina liquidadora realizó una propuesta de regularización de la situación tributaria de la transmisión de la vivienda, por la que resultaba una cuota líquida de 16.491,33 euros, con un recargo de 585 euros y unos intereses de demora de 170,56 euros, por lo que el total a ingresar era de 17.246,89 euros.

Una vez llegó a conocimiento de la perjudicada, se puso en contacto con el acusado, quien atribuyó todo a un inexistente error administrativo y le aseguró que sí había realizado el pago de los impuestos.

Sin embargo, el acusado presentó el 2 de noviembre de 2015 una solicitud de fraccionamiento del pago de la deuda tributaria por no disponer de tesorería suficiente para afrontarlo, pese a que la demandante le había dado ese dinero, mediante un cheque, y al día siguiente firmaron escritura de reconocimiento de deuda ante notario, en la que el acusado se comprometía al pago de la cantidad adeudada.

A pesar de ello, la perjudicada tuvo que satisfacer dicha deuda ante el incumplimiento del acusado y ha reclamado por los perjuicios ocasionados, de modo que la indemnización que ha solicitado el fiscal para el proceso asciende a la misma cantidad que tuvo que satisfacer en su momento la víctima de la estafa.