La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real ha advertido que el sector vitivinícola necesita la aportación de fondos adicionales y medidas extraordinarias para la recuperación del sector vitivinícola.

La Sectorial Vitivinícola que se ha reunido para analizar la situación del sector en la provincia ha pedido medidas excepcionales que estén a la altura de la situación que vive el sector, y solicitan fondos extraordinarios que complementen al Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE), para restablecerse de las circunstancias sanitarias que está sufriendo, ha informado la organización agraria.

Los miembros de le Sectorial exigen que se conceda una ayuda por hectárea para compensar a los viticultores, que provenga de los fondos europeos con motivo de la reducción del consumo por la covid-19, lo cual ha perjudicado en la demanda de vino, que ha conllevado en la bajada de precios y a no poder cubrir los costes de producción.

Asimismo reclama la unificación en los criterios del precio de la uva y ha trasladado un mensaje de prudencia a los productores en esta próxima campaña, por considerar que “es preferible actuar con racionalidad y coherencia para procurar una situación de equilibrio de producción, donde no haya muchas existencias o problemas a la hora de comercializar y conseguir unos precios justos y razonables”.

La Sectorial considera que la destilación está perdiendo fuerza respecto a los planteamientos iniciales en Castilla-La Mancha motivado por la apertura del Canal y la suspensión temporal de los aranceles de los productos agrícolas a Estados Unidos entre otros.

Además, en el PASVE no existe presupuesto para la destilación ni para la vendimia en verde, por lo que pide “firmeza” a la Consejería de Agricultura para conseguirlo.

También exige un mayor control de los contratos de compraventa del vino y sanciones para aquellos que lo incumplan, puesto que la organización agraria insiste en que “se debe ser riguroso y firmes en la cuestión de los incumplimientos de los contratos”, lo que perjudica a la transparencia y la seguridad jurídica a la hora de liquidar las uvas de las cooperativas y agricultores.