Si ha habido alguien controvertido en los últimos años en la vida política de Castilla-La Mancha ese ha sido el toledano Antonio López, diputado provincial y la persona clave que dio el gobierno de la Diputación al PSOE en contra del criterio general de Ciudadanos de apoyar al partido más votado. Eso, y el hecho de ser delegado en la región del partido de Albert Rivera, lo que le cualificaba para tomar otras decisiones en relación con el gobierno de otras diputaciones y ayuntamientos, le convirtieron en centro de la noticia durante meses y en la diana de críticas virulentas de partidos rivales. Era un blanco fácil debido a su sinuosa trayectoria política y la foto de su paso por distintas organizaciones se convirtió en una imagen simple y demoledora para su figura. La animadversión personal de alguno de sus enemigos y la insistencia en airear un astronómico sueldo que no existía añadían leña al fuego.

Pero lo peor no le vino de los enemigos externos. Lo peor se le presentó en casa cuando dos compañeros de partido decidieron ir adelante con una denuncia por acoso laboral y sexual que hundieron a Antonio López en todos los sentidos, en lo personal y en lo político. El archivo de la denuncia y el hecho de que la denunciante no lo haya recurrido indican que todo fue una falsa acusación con un objetivo concreto. No se conoce cuál era ese objetivo, pero se adivina: Acabar con la carrera política de López dinamitando su imagen desde dentro de Ciudadanos. Fue un efecto inmediato ya que el partido decidió automáticamente destituirle como delegado territorial, lo cual venía a refrendar a ojos de la opinión pública su culpabilidad puesto que era su propio partido el que le sentenciaba sin esperar la decisión de los tribunales.

Lo que le ha ocurrido a Antonio López vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el momento en el que deben cesar los cargos públicos cuando se ven implicados en causas judiciales. Ciudadanos se comporta con una excesiva rigidez en ese sentido (aunque no siempre) y el caso que nos ocupa es prueba de ello al demostrarse la injusticia cometida con uno de sus dirigentes. Sería bueno que el partido de Albert Rivera rectificara y corrigiera su error devolviendo a Antonio López a su puesto de delegado territorial para demostrar que son justos. Pero nos tememos que eso no va a ocurrir.

Lo que nadie va a poder corregir es el daño personal que han sufrido Antonio López y su familia. La satisfacción de verse libre de las falsas acusaciones recibidas no es suficiente, pero tampoco en este aspecto se puede hacer más para remediarlo. Excepto denunciar a la denunciante, cosa que en principio no descarta el afectado. Pero es el partido el que debería tomar la iniciativa expulsando a la denunciante y a la persona (o personas) con la que supuestamente montó esta trama que a punto ha estado de acabar con la carrera política de Antonio López y casi con su vida.