La Sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la anulación del acuerdo aprobado en pleno por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan que privatizó la gestión de la empresa pública Aguas de Alcázar ha sido recibida en la localidad con división de opiniones.

La sentencia del alto tribunal en vez de cerrar un problema ya resuelto viene a agravarlo porque supone desandar el camino de estos últimos seis años, en los que se ha demostrado que la gestión del agua por parte de una empresa privada es más eficaz y económica que cuando lo hacía directamente el consistorio. En realidad ni siquiera es cierto que se privatizara el agua, como algunos intentan hacer creer. El agua sigue siendo de los alcazareños y es la gestión lo que se ha dejado en manos de una empresa en la que participa un grupo privado muy solvente, con concesiones en toda España de localidades gobernadas por todo tipo de partidos políticos, y el propio ayuntamiento. Es una empresa mixta público-privada cuyo trabajo en estos años ha sido escrupuloso, altamente profesional y positivo para los ciudadanos. [Aqualia sostiene que la sentencia sobre Aguas de Alcázar se refiere sólo a aspectos formales]

La alcaldesa, Rosa Melchor, ha recibido "con alegría" la sentencia del Supremo, pero seguramente es consciente del serio problema que supone ejecutarla. Melchor, que cuenta con gran respaldo de la ciudadanía, en materia de gestión, sin dejar de lado los principios básicos de su formación política e ideológica, se ha revelado como una mujer pragmática que antepone el interés general de la población a cualquier otro condicionante. Y en el tema de la gestión del agua son muchos los condicionantes, algunos de los cuales podrían conducir al ayuntamiento a una situación compleja y muy costosa si se empeñan en volver a tiempos pasados.

El presidente local del PP, Diego Ortega, alcalde en el momento de la adjudicación, ha dejado claro que “la remunicipalización de la gestión de la empresa de aguas supondría un elevadísimo coste para la economía del Ayuntamiento, además de volver a la situación de quiebra técnica existente antes de la constitución de la Sociedad Mixta de Aguas entre el Ayuntamiento y la empresa externa. Esta circunstancia produciría una auténtica lesividad para los intereses generales del municipio y de sus vecinos, y supondría un grave problema económico en las cuentas municipales”.

LLegados a este punto, y cuando ya la sentencia es irreversible, conviene que el equipo de gobierno y la oposición se pongan de acuerdo para que todo se resuelva de la mejor manera posible para el municipio y para que los durísimos enfrentamientos políticos por el agua, hoy afortunadamente superados en gran parte porque hay un convencimiento mayoritario de que la gestión están siendo muy positiva, no vuelvan a marcar la agenda política y ciudadana de esta gran ciudad castellano-manchega. Seguro que Rosa Melchor y su equipo sabrán afrontar este nuevo-viejo reto con prudencia y tino.