La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades ha iniciado el procedimiento de extinción de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Guadalajara, debido a la situación de inviabilidad económica-financiera y patrimonial de la entidad.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), consultado por Efe, publica la resolución de la Consejería de Economía, que fue firmada por la propia consejera del ramo, Patricia Franco, el 7 de septiembre, por la que se inicia el procedimiento de extinción de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Guadalajara, al concurrir "circunstancias objetivas que hacen manifiestamente imposible solucionar la situación de inviabilidad económica-financiera y patrimonial" por la que atraviesa esta cámara. 

También se especifica que la comisión gestora de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Guadalajara, que se constituyó tras la dimisión del presidente y del comité ejecutivo de este organismo en 2012, continuará en el ejercicio de sus funciones hasta la apertura de la fase de liquidación de dicha cámara. 

Asimismo, se ha designado como administrador independiente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Guadalajara, al letrado Juan José Losa Benito, que, junto a su equipo jurídico, ha resultado adjudicatario del contrato de servicios profesionales para la realización de las actuaciones necesarias para la liquidación y extinción de la citada corporación de derecho público. 

De acuerdo con lo establecido en la ley de cámaras de comercio de Castilla-La Mancha, el administrador elaborará, en el plazo máximo de 45 días desde su nombramiento, un inventario de activos y la relación de créditos y acreedores de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Guadalajara. 

También se llamará a los posibles acreedores de la Cámara de Comercio de Guadalajara para que, en el plazo de un mes contado desde mañana, pongan en conocimiento de la comisión gestora la existencia de créditos a su favor. La presente resolución agota la vía administrativa y los interesados pueden interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.