La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Castilla-La Mancha ha expresado este martes su temor de que parte de los fondos covid-19 no se puedan repartir en la región.

En un comunicado, la organización ha señalado que las "exigentes condiciones" para acogerse a las ayudas del plan covid-19, aprobado por el Gobierno de España en el mes de marzo, harán que "miles de autónomos no cumplan con los requisitos necesarios" y se pierda así la oportunidad de recuperar la economía de miles de actividades que han tenido que "capear en solitario" la crisis económica durante los últimos 14 meses.

En este sentido, ha advertido de que, en concreto, 2.800 millones en el conjunto del Estado podrían no resolverse de manera satisfactoria ya que al hecho de que miles de autónomos hayan utilizado sus bienes personales para afrontar sus deudas, y por lo tanto no tengan deudas acumuladas con proveedores, acreedores o entidades bancarias no pudiendo así ser beneficiarios de estas ayudas; se suma el porcentaje de autónomos colaboradores que tampoco tienen derecho por decreto.

También hay que sumar, según UPTA, los autónomos y microempresas que se quedan fuera de las ayudas por unas décimas en el porcentaje de descenso de volumen de negocio.

Ante esta situación, el presidente regional de UPTA, César García, ha indicado que es una "discriminación injustificada" que aquellos que han reinvertido sus ahorros en salvar su negocio, no puedan acogerse a las ayudas, ya que miles de ellos se han gastado hasta el último euro.

Por ello, ha abogado por establecer un sistema compensatorio para todos los autónomos que han hecho frente a la crisis económica con recursos propios y que cumplen los criterios de pérdida de facturación que se han establecido en las ayudas publicadas.

Por otra parte, la organización ha mostrado su "satisfacción" por la inclusión por parte de la Junta de Comunidades de hasta 300 sectores en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que permite un mayor reparto de los fondos en comparación con otras comunidades autónomas.

Además, ha indicado que esta millonaria aportación económica ha sido diseñada por el Ministerio de Asuntos Económicos para recuperar cuanto antes la inversión realizada a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), si bien ha reconocido que es una gran ayuda para aquellos que puedan llegar a ser beneficiarios.

Con todo, García ha apostado por crear una línea especial que vuelva a capitalizar los patrimonios económicos de los propietarios que han realizado el esfuerzo necesario para que ningún proveedor se quedase sin cobrar las facturas pendientes o estar al corriente de pago con sus empleados, para que se pusiesen los fondos económicos sobrantes a disposición de los trabajadores por cuenta propia.