El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado este jueves que el empleo potencial vinculado al cambio de modelo de la economía lineal a la economía circular en Castilla-La Mancha podría llegar a 30.0000 personas.

Así se ha referido el consejero, en declaraciones a los medios, antes de participar en el desayuno empresarial organizado por el diario ABC para hablar del marco regulatorio regional y la atracción de fondos e iniciativas relacionadas con la economía circular y la sostenibilidad en el ámbito de la empresa.

Martínez Arroyo ha destacado que este modelo de economía es "muy rentable" ya que está previsto que incremente un 7 por ciento el Producto Interior Bruto (PIB) en la Unión Europea, por lo que ha señalado que se está ante una "oportunidad empresarial". Por ello, ha indicado que en Castilla-La Mancha "se puede invertir en este modelo de economía circular" en el que "cree" el Gobierno regional para generar empleo vinculado a este tipo de actividades.

Martínez Arroyo ha avanzado que la Ley de Economía Circular, que actualmente se encuentra en las Cortes regionales, incentiva a las empresas a tomar la decisión de pasarse al modelo circular. También se propone en la Ley las tasas para que aquellas empresas que gestionen residuos y los lleven a un vertedero pudiendo reciclarse y las fianzas para la gestión adecuada de los recursos y la restauración medioambiental en caso de que existan problemas.

A preguntas de los medios, el consejero ha reconocido que esta Ley será "difícil" que se apruebe antes del final de la legislatura, pero ha destacado que una vez que se celebren las elecciones autonómicas y se constituyan las nuevas Cortes regionales "será una Ley que podrá ser aprobada", ya que la previsión es que lo haga "por unanimidad". "Entiendo que lo que era posible ahora, será posible después de las elecciones", ha dicho.

Martínez Arroyo ha puesto como ejemplo el sector del viñedo como modelo de economía circular, ya que los subproductos y lías que se producen tienen ayudas públicas para que ese residuo de la elaboración del producto se convierta en un recurso para la elaboración de alcohol.