Algo grave está pasando en la sanidad de Castilla-La Mancha y es preciso poner la situación en claro y asumir las responsabilidades pertinentes. El escándalo de los ginecólogos del Hospital de Puertollano es uno más de los numerosos casos que se vienen produciendo y que la oposición del PP viene denunciando insistentemente en las Cortes regionales y los medios de comunicación. Como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, nos parece negativo politizar constantemente la sanidad pública de la región y convertirla, como ocurre en la actualidad, en un campo de batalla permanente entre los partidos, de manera que, llegados a este punto, el Gobierno castellano-manchego tiene que tomarse muy en serio este asunto y zanjar la situación a la mayor brevedad posible.

Creemos, en este sentido, que es necesario tomar medidas y depurar responsabilidades. Para empezar, nos parece pertinente e imprescindible que el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como máximo responsable de este servicio público esencial, se someta a un debate abierto en el Parlamento de Castilla-La Mancha y lleve a cabo, con la máxima transparencia y rigor, un diagnóstico de situación y las actuaciones que su departamento está desarrollando. La denuncia sobre los ginecólogos y otra serie de deficiencias que se vienen denunciando no deben caer en saco roto, sino todo lo contrario: han de servir para que desde la política se procure el mejor servicio de salud a los castellano-manchegos y bajo la dirección de los mejores, tanto en el ámbito político como en el profesional.

La sanidad es una de las más importantes competencias del Gobierno de Castilla-La Mancha. De ella depende en buena medida la salud de los ciudadanos. Hay que establecer abiertamente el estado de la cuestión y, si fuera necesario, depurar responsabilidades. Así lo exige el sentido común y así debe ser.