Se ha reabierto con fuerza el debate sobre la reforma de la ley electoral en Castilla-La Mancha y el aumento del número de diputados en las Cortes regionales. Es un debate recurrente, que reaparece en el tramo final de cada legislatura y que se reduce, en líneas generales, a corregir al alza el número de escaños que debe tener el Parlamento autonómico. La última reforma realizada bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal supuso una drástica reducción a 33 del número de diputados regionales y ahora todos los partidos, salvo el PP, ven necesaria una nueva modificación esencialmente para tener más parlamentarios en la Cámara autonómica.

Las propuestas son de lo más variopinto y van desde los 35 diputados que propone el propio presidente de la Junta, Emiliano García-Page, con un pequeño incremento de dos escaños sobre los actuales, hasta los 69 que plantea Izquierda Unida de una forma tan desproporcionada como ausente de justificación. Naturalmente, los planteamientos de los partidos en torno a esta reforma electoral son claramente interesados y partidistas y tienen el objetivo final de mejorar su propia presencia en las Cortes de Castilla-La Mancha: unos quieres más diputados y mejor posicionamiento parlamentario y otros sencillamente quieren entrar en un Parlamento del que los ciudadanos les dejaron fuera en las últimas elecciones.

Esencialmente este es el sentido de la reforma electoral que se debate actualmente en la vida pública regional y esta es para los partidos la cuestión de fondo. Sin embargo, hay que preguntarse si el aumento de diputados en las Cortes regionales es una necesidad real de la sociedad castellano-manchega y si realmente los ciudadanos tienen algún interés en aumentar su nómina de cargos públicos en la región. En este punto se hace imprescindible una pregunta: ¿mejorará la vida de la gente de Castilla-La Mancha un incremento de parlamentarios en las Cortes autonómicas? Es posible que esta sea una pregunta demagógica, pero a la vista del funcionamiento real del Parlamento regional y de la falta de diálogo y colaboración entre los partidos, es lícito plantearse si un sensible aumento de escaños en las Cortes servirá para algo más que para convertir la Cámara en un guirigay con cuatro o cinco partidos que sólo se oyen a sí mismos. El Parlamento debe ser un órgano legislativo y de control democrático al gobierno y esas funciones debe cumplirlas con rigor, eficacia y diligencia, y no creemos que el camino para mejorar esta situación sea tener más diputados regionales.

Desde luego somos totalmente contrarios a llevar a cabo un aumento importante del número de escaños en las Cortes castellano-manchegas, aunque tal vez sí fuera conveniente llevar a cabo algún retoque al alza con el único objetivo de dar mayor justicia, garantías y representatividad a la ley electoral, nunca para favorecer a un partido u otro. Cada formación política tiene los votos que tiene y las reglas son las mismas para todos, de manera que es necesaria una ley justa y proporcional que otorgue a cada uno su representación real del voto ciudadano. Desde este punto de vista, insistimos en una propuesta que nos parece importante y cargada de interés: la circunscripción electoral única para Castilla-La Mancha sería el modo más justo, proporcional y equitativo de que todos y cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones obtuvieran exactamente la representatividad que les corresponde, sin más cálculos provinciales ni estrategias electorales que puedan favorecer a unos o a otros.