Editorial

Una ley electoral justa y proporcionada en Castilla-La Mancha

5 enero, 2018 00:00

Los partidos políticos de Castilla-La Mancha ya están dando vueltas a una posible reforma de la ley electoral de la comunidad que incluya algunos cambios relevantes sobre la normativa actual y un hipotético aumento del número de diputados en las Cortes autonómicas, fijado actualmente en 33 escaños. En sus planteamientos iniciales, los partidos arriman el ascua a su sardina y todos hacen cálculos sobre una reforma electoral que permita mejorar sus resultados actuales y su presencia en el Parlamento castellano-manchego. No se observan posiciones desinteresadas ni un deseo expreso de que la ley recoja exactamente la realidad electoral de la región, sino más bien estrategias y posiciones partidistas.

Nosotros pensamos, sin embargo, que si se lleva a cabo una reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha debe ser con la única y saludable intención de reflejar la verdadera voluntad electoral de los ciudadanos y establecer criterios de proporcionalidad y limpieza democrática. El repetitivo y recurrente debate sobre los cambios del Estatuto de Autonomía y la ley electoral, que vuelve una y otra vez a medida que se acercan las siguientes elecciones, no debe servir para dar rienda suelta a los intereses de los partidos, sino para garantizar cada vez más la limpieza, la ética y la democracia real a partir del voto de los castellano-manchegos.

Desde este punto de vista, volvemos con una idea que siempre hemos apoyado y que nos parece importante. La reforma electoral, si es que finalmente se lleva a cabo, debe establecer un número justo, equilibrado y proporcionado de escaños en las Cortes de Castilla-La Mancha, no necesariamente mayor que el actual, pero sobre todo un número suficiente que refleje con total fidelidad lo que exactamente ha votado el ciudadano. Ni más ni menos. Defendemos, en este sentido, que las cinco provincias castellano-manchegas tengan un número impar de diputados, sin cálculos partidistas sobre las provincias pares o impares que más convienen a los grandes partidos, y que incluso, si la ley lo permitiera, Castilla-La Mancha avanzara hacia una circunscripción única con un número de escaños que se repartieran globalmente y de forma proporcionada en la comunidad, evitando recuentos provinciales que no siempre son justos.

Debe tener más escaños aquel que tenga más votos. Debe evitarse que tenga más escaños un partido que no sea ganador en votos. Y sólo debe ganar las elecciones el partido que más votos tenga de la gente. Así de evidente. Es un principio claro y esencial en democracia. No siempre ha ocurrido así ni en Castilla-La Mancha, ni en España, ni en otras comunidades, como por ejemplo, el pasado 21 de diciembre en Cataluña, y este importante valor democrático debe ser una guía y un camino.