Nos parece muy razonable y sensata propuesta del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de establecer en España un nuevo sistema de financiación autonómica en España que garantice los servicios más básicos y esenciales que prestan las comunidades y equipare a todos los ciudadanos independientemente de la región en la que residan. García-Page ha hecho llegar sus planteamientos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha hecho públicas sus intenciones de plantear este asunto como una gran reforma de Estado en consenso con las comunidades autónomas y los principales partidos de la oposición, especialmente el PSOE.

Castilla-La Mancha está demostrando que es una comunidad responsable que, pese a algunos problemas financieros y una elevada deuda pública, gestiona de forma seria su economía y tiene unas buenas perspectivas de crecimiento hasta el final de legislatura. Frente a otras autonomías mucho más ricas y equilibradas, Castilla-La Mancha necesita este nuevo sistema de financiación que reclama García-Page con el objetivo de equilibrar sus servicios básicos al resto de España y financiarlos de una manera adecuada y suficiente frente a las estrecheces actuales. No se trata de pedir más dinero al Estado para despilfarrar más, sino de exigir justicia y mejor redistribución en el reparto con el objetivo de conseguir la igualdad efectiva de todos los españoles independientemente de la comunidad en la que vivan. En este sentido, también es importante establecer un sistema de convergencia fiscal, frente a la disparatada fórmula actual.

Ante esta situación, nos tomamos con esperanza el anuncio de Sáenz de Santamaría de abordar de forma consensuada este nuevo sistema y cumplir con los principios constitucionales de igualdad y equiparación. Es preciso acabar cuanto antes con la enorme brecha autonómica en España, o al menos reducirla en la mayor medida posible.