El modelo autonómico en España es manifiestamente mejorable. La España del todo por 17, cuatro décadas después, ha mostrado importantes carencias y una imperiosa necesidad de mejorar aspectos fundamentales de la vida de los ciudadanos. Hay cuestiones de envergadura que deben afrontarse con seriedad y rigor en materias tan importantes como la educación, la sanidad, los servicios básicos, el agua, la financiación de autonomías y ayuntamientos y el equilibrio territorial para que todos los españoles sean efectivamente iguales ante la ley y tengan los mismos derechos y servicios. El modelo territorial que impulsó la división de España en autonomías fue un acierto de la Transición pero a estas alturas debe replantearse y requiere reformas de alto calado que deben pensarse a fondo y sin dilaciones.

España es un Estado autonómico pero eso no significa que los españoles tengan distintos derechos según el territorio donde vivan, ni tampoco que algunas comunidades tengan cuotas de poder superiores a las demás o puedan imponer a sus ciudadanos leyes y servicios que atentan contra el sentido común, como por ejemplo ocurre con la educación, el manejo de los presupuestos y los medios públicos en Cataluña. Además es muy evidente que el sistema autonómico tiene significativas carencias antidemocráticas desde el punto de vista del clientelismo y el exagerado control del poder sobre el tejido asociativo y los medios de comunicación, entre otras cuestiones de gran envergadura. Hay que reformar el modelo para profundizar en la democracia, mejorar y equilibrar los servicios públicos y hacer que la vida cotidiana de la gente sea mucho mejor atendida desde los poderes públicos, además por supuesto de darle a España el relieve como nación que se merece.

Nos parece interesante, en este sentido, la iniciativa de Pedro Sánchez para crear una comisión parlamentaria sobre el modelo territorial y que todos los presidentes autonómicos intervengan a lo largo del mes de marzo en el Congreso de los Diputados para evaluar el funcionamiento del Estado autonómico y plantear las reformas y mejoras que pueden y deben hacerse, siempre en el marco del consenso político y el máximo respeto a la Constitución. El problema territorial de España no está sólo en Cataluña, que también, sino en establecer un modelo que fortalezca a la vez la unidad de España y mejore la vida de las autonomías y sus ciudadanos. En ese debate propuesto desde el PSOE por Pedro Sánchez tendrá mucho que decir Castilla-La Mancha, una comunidad combativa que necesita impulsos importantes.