El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta, Carmen Calvo, han sugerido al unísono poner algún tipo de restricción o control a la libertad de expresión después de que durante esta semana se hayan filtrado las conversaciones de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario Villarejo y tras las revelaciones sobre la sociedad creada por el Ministro de Ciencia, Pedro Duque, para pagar menos impuestos por las casas que compró. Nunca antes ningún gobierno fue tan rápido en matar al mensajero; normalmente, había que esperar una serie de años a que al inquilino de la Moncloa le entrara el síndrome del fantasma que lo habita. González tardó dos legislaturas; Aznar, una mayoría absoluta; Suárez convivió con él infiltrado en su partido; Zapatero lo aburrió con su talante y Rajoy, bastante tenía con la prima de riesgo y Bárcenas. Lo de Sánchez es inaudito; de sus ochenta y cuatro escaños y falta de solidez parlamentaria quiere culpar a la prensa que hace su trabajo. Lo de la vicepresidenta del tricornio y el dinero público, ya no es más que esperpento. La prensa es culpable y los periodistas, enemigos. Nada nuevo bajo el sol.

Soy el primero que sé lo que hay dentro de la profesión y los intereses más o menos confesables que a veces la mueve. Pero la gran mayoría de medios de comunicación y, por supuesto, los profesionales que en ellos trabajan son periodistas que buscan ejercer su labor de la manera más íntegra y digna posible. Capeamos y combatimos ya bastantes presiones como para encima restringir uno de los derechos básicos de cualquier democracia. No es que haya que considerar la libertad de expresión como un derecho absoluto, pues ahí están los códigos y las leyes que lo regulan, por no hablar del autocontrol responsable y la autocensura inconveniente de muchos casos; pero, sin duda, la prensa libre y un régimen de opinión pública, aparte de la consabida separación de poderes, son la piedra de toque de cualquier régimen democrático. No es que seamos el cuarto poder, que nunca lo tuvimos; si a algo aspiramos, es a ser contrapeso del poder, para que cuando un político diga cualquier cosa a los ciudadanos, podamos verificar si es cierto o no. La libertad de prensa no es un capricho ni camelo de los periodistas para ir rampantes por la vida, como algunos políticos creen; es un derecho de la ciudadanía cuyos depositarios somos los profesionales de la información. Por eso, hoy más que nunca es necesaria nuestra labor, la de los medios de comunicación serios y responsables que contrastan la noticia, no como una red social donde al primero que pía y dice la burrada más grande se le levanta un monumento. Es ahí donde entran las fakes y no en los periódicos, por no hablar de los gobiernos y estados, cuyas trolas son tan grandes que harían temblar el Misterio. Si alguien del PP hubiera dicho lo de Sánchez y Calvo, estaría ardiendo en Zocodover como los autos de fe. Aunque el peperío ya cargó con sus dosis de mentiras y cintas de vídeo.

Considero que Sánchez es un político audaz, aunque menos listo de lo que se cree. Ha sido presidente del Gobierno contra viento, marea y su partido, apoyándose en los que reniegan de España. La luna de miel de su ejecutivo ha terminado por más que Tezanos se empeñe. La culpa no es de la prensa, presidente. Si la noticia es cierta, da igual quien la diga. Es como el tonto al que enseñan la luna y se queda mirando el dedo. Si hizo un gabinete de diseño, el tamiz aguanta poco. Pero no por los periodistas, de verdad. Si una ministra es machista y baja a comer a las alcantarillas, nadie le obliga a ello. Si un astronauta no quiere pagar impuestos siderales, la prensa no tiene la culpa. Si un presidente, para llegar al cargo, prometió pureza de sangre, qué le vamos a hacer. Lo mejor de todo es que la cuestión tiene solución fácil. Sólo basta con plagiar un decreto de disolución de Cortes y llamar a elecciones. Si el CIS tiene razón, ya serán muchos más que ochenta y cuatro diputados. ¿O es que esto también era una fake?