Tuvo gran repercusión en los medios de comunicación la respuesta que la ministra Celaá dio a un compañero mío, diputado nacional, el Sr. Matarí, que le preguntó por la situación en la que quedarían los niños/as y jóvenes discapacitados con su ley de educación (LOMLOE), a punto de estrenarse, en la que se contempla, en su disposición adicional cuarta, que los centros de educación especial habrán desaparecido dentro de diez años. La inquietud que el diputado interpelante y, además, padre de hija discapacitada, era no ya por su hija en concreto -pues ya ha pasado la veintena de años y ha obtenido un grado- sino por los que o no habían llegado a esa edad o, si habían llegado, no habían podido obtener tan buenos resultados y, sobre todo, hacerle notar una evidencia: los alumnos/as con discapacidad necesitan un tratamiento y un entorno especial, no vale mezclarlos con los demás, sin más, y ello por una razón bien simple: inclusión no consiste en estar todos juntos -alumnos con discapacidad y los que no la tienen- sino en participar en el grupo, en la clase en el colegio. La experiencia de profesionales y padres sobre el particular tiene suficiente y bien constatado que los alumnos discapacitados que son integrados con los alumnos/as que no tienen esas discapacidades viven en la más absoluta marginación, y ello a pesar de las buenas intenciones y buen hacer de los educadores.

De aquí que la mala respuesta de la ministra no la dio a un diputado concreto sino a todos los padres con un hijo que tenga problemas y que necesite, ineludiblemente, una educación acorde con esos problemas. Todos los padres de hijos discapacitados tienen sobrada experiencia de que cuando sus hijos han sido integrados en colegios normales no han avanzado nada o muy poco en autonomía y en felicidad. Por el contrario, en los centros de educación especial han sido cuidados con esmero, han recibido las atenciones que necesitaban ellos y no los demás alumnos/as que no tenían esa discapacidad y, sobre todo, se han sentido integrados y queridos cosa que no se ha dado en la formula propuesta por su ley.

La causa de la risa y comentarios de la ministra –“¿pero de dónde viene usted?”-, así como los aplausos de los diputados de su bancada, la explican/justifican porque ellos son muy modernos, están con los nuevos tiempos y estos, en su opinión, requieren que los discapacitados se integren en los centros normales con alumnos normales. Eso sí, para tomar esta decisión no han consultado a los padres, ni a los profesionales, ni a nadie. La ley se tramita, como ya he comentado en otros artículos, como decreto-ley y no como proyecto de ley, cuestión básica porque por el primer sistema no es obligado oír a los colectivos afectados ni el dictamen del Consejo de Estado y eso es lo que ha pasado con esta ley, que no se ha hablado con nadie con experiencia para recoger su opinión y su voz.

Si hacemos un poco de memoria observaremos que los socialistas siempre modifican las leyes de educación y si algún gobierno no socialista se desvía de su reforma inmediatamente la derogan y ponen la suya. Se debe, en mi opinión, a que son conscientes de que es necesario que para poner en práctica sus políticas necesitan unas masas dóciles, acríticas y bastante ignorantes. Si eso no se logra difícilmente serían aceptadas por el pueblo. De aquí que promuevan una educación sin espíritu crítico y sin esfuerzo, con pocos conocimientos y en la que la crítica brille por su ausencia. Prefieren una educación de destrezas, sin base teórica y relativista donde los alumnos no estén preocupados por la búsqueda de la verdad y se diluyan en la masa y sin saber, siquiera, lo que les falta por saber y por aprender y, desde luego, que no tengan convicciones. De esa forma son, sin duda, mucho más manejables.

Sus hijas (las de Celaá)están en colegios de élite y, para más INRI religioso, ahora que acabamos de vivir la Semana Santa, pero mientras, con su ley, ahogan a la enseñanza concertada libremente elegida por los demás padres que quieren llevarlos a esos centros pero no tienen las posibilidades económicas de la ministra.

Los hijos, a pesar de que alguien del Gobierno lo dijo, no son del Estado ni tampoco de los padres: son seres humanos con plena dignidad que no pertenecen a nadie, pero los padres son los primeros responsables de su educación y de atender a sus necesidades y, como consecuencia, los que mejor los conocen, los que más los aman y los que desean lo mejor para ellos. De aquí que nos preguntemos ¿Por qué se empeñan en quitar a los padres el derecho a decidir cual es el tipo de educación y en qué centro han de recibir las atenciones que necesitan? Y para terminar: ¿Cómo es posible que con la cantidad de carencias y deficiencias que tiene el sistema educativo español, la nueva ley, en lugar de al menos intentar buscar una solución a los mismos se limite a imponer, con una fuerte carga ideológica, la supresión de la educación especial y de la escuela concertada? Mucho me temo que es eso lo que le interesa al Gobierno: la domesticación de los ciudadanos en lugar del desarrollo de su libertad.

Juan Antonio Callejas Cano es diputado nacional del PP por Ciudad Real