Improvisación y segregación, dos calificativos que resumen la gestión del brote de Covid-19 entre los migrantes temporeros de Albacete. Si repasamos la cronología de los hechos salta a primera vista que la autoridad sanitaria ha ido actuando sobre la marcha, intentando poner tiritas para detener una hemorragia que era previsible que se desbocara.

Casi quinientas personas viviendo hacinadas en una nave abandonada, sin agua corriente, sin las mínimas condiciones, ni higiénicas, ni de espacio, para realizar un aislamiento con seguridad, era de prever que los contagios se multiplicaran. No hay que ser especialista en salud para ver lo evidente.

Aun así, la autoridad sanitaria empieza a realizar las pruebas PCR in situ, en el asentamiento, el 17 de julio, al día siguiente de que la primera persona con síntomas acudiera a los servicios de salud y diera positivo en coronavirus. Tras detectar más positivos, la Consejería de Sanidad solicita el confinamiento del asentamiento el 18 de julio.

Desde el Grupo de Trabajo de Sanidad nos preguntamos cómo se puede declarar un confinamiento en un asentamiento irregular, sin pensar en las condiciones de salubridad y hacinamiento, cómo se puede confinar a cientos de personas sin asegurarles un alojamiento digno y sin explicarles tan siquiera lo que está pasando. Muchas de estas personas apenas saben hablar español.

La incertidumbre y el miedo les lleva a salir a la calle en protesta, lo que desencadena reacciones de todo tipo entre la población albaceteña y el Ayuntamiento decide clausurar el asentamiento y confinar a las personas que residen en el mismo en el IFAD, un recinto destinado a ferias, mientras que a los positivos se les aísla en un IES de la localidad.

Y aquí tenemos el segundo despropósito, confinar a 210 personas juntas, sin separarlas en grupos más pequeños para poder controlar mejor el avance del contagio.

Cuando se procede al traslado, casi la mitad de las personas que residían en el asentamiento se habían esfumado, mezcla de miedo al contagio y a perder el trabajo.

El contador del confinamiento se pone a cero y se les vuelve a repetir los PCR, o sea, que al menos les espera otros 15 días de aislamiento en este nuevo espacio, en el que conviven más de doscientas personas de varios países de África, sin apenas mediación ni asistencia social.

Los positivos han ido en aumento hasta el día 5 de agosto, día en el que se cumple la cuarentena, y ante la evidencia de tener que volver a empezar el confinamiento de nuevo, se plantan y solicitan una reunión con las distintas autoridades. Tras escuchar sus reivindicaciones, la autoridad sanitaria decide separar a las personas confinadas en grupos pequeños en distintos pabellones de la ciudad.

Desde Podemos CLM consideramos que estas medidas se tendrían que haber tomado desde el minuto uno y se hubieran evitado la mayoría de los nuevos contagios. Nos parece increíble que la Consejería de Sanidad haya tardado más de 20 días en constatar que las instalaciones del IFAB "no garantizaban las medidas de aislamiento", como declaró el Director de Salud Pública, Juan Camacho el pasado viernes. Especialmente cuando desde distintas organizaciones y colectivos se habían denunciado las condiciones del espacio destinado al confinamiento.

En este sentido, Médicos de Mundo había manifestado previamente que el recinto ferial habilitado no reunía las condiciones de aislamiento en pequeños grupos necesarias para un monitoreo mínimo de los contactos ante posibles casos positivos. Tampoco se habían delimitado las zonas para el tránsito o pasillos para acceder a los diferentes espacios, y el número de aseos y duchas para las más de 200 personas era insuficiente. Denunciaban, además, la ausencia de una ventilación correcta del lugar, entre otras cosas.

El día 11 de agosto, el número de positivos ya ascendía a 126, estando ya separados en grupos reducidos y con un nuevo aislamiento de unos 10 días por delante. No se sabe qué pasará con esas personas cuando cumplan esta nueva cuarentena.

Desde el Grupo de Trabajo de Sanidad de Podemos CLM señalamos que la Consejería de Sanidad ha ido reaccionando a remolque de la situación, sin establecer unos protocolos sanitarios adecuados, improvisando sobre la marcha; dando lugar a un trato desigual, cuando no discriminatorio hacia estas personas que no disponen ni de una simple habitación en condiciones para poder aislarse; poniendo en riesgo la salud del colectivo y la del resto de la población.

Somos conscientes de que se trata de un problema complejo y como tal requiere un abordaje global y comunitario, que integre la atención sanitaria y la social, en una actuación coordinada de todas las Administraciones (estatal, autonómica, provincial y municipal), contando con la participación activa de los principales agentes sociales del sector agrario; con medidas a corto, medio y largo plazo, que van desde aumentar las inspecciones de trabajo y controles sanitarios, extremar los protocolos y medidas de prevención hasta promover ordenanzas municipales que regulen las condiciones de los alojamientos, entre otras.

El problema de la explotación laboral e infravivienda de los temporeros se repite todos los años, especialmente durante los meses de verano. Como sociedad no podemos permitir mirar para otro lado porque los tenemos malviviendo hacinados en pisos y casas o naves en las afueras de nuestras ciudades y pueblos.

Este año la pandemia los ha sacado a la luz, los ha vuelto visibles, como colectivo vulnerable el virus les ha golpeado con más virulencia porque no tienen ni un metro y medio de espacio en condiciones para poder respetar la distancia de seguridad.

Como dice Antonio Maestre "el rico se contagia bailando, el pobre trabajando".

Grupo de Trabajo de Sanidad de Podemos Castilla-La Mancha