En la semana en la que el Tribunal Supremo ha declarado nula la ampliación de la ZEPA para la Laguna del Hito, categoría de área protegida como zona natural para salvaguardar los hábitats de aves migratorias y que para el Gobierno de Castilla-La Mancha suponía un obstáculo insalvable que determinaría la paralización del macroproyecto del ATC de Villar de Cañas en La Mancha Alta en la provincia de Cuenca, se ha hecho patente una vez más que las zonas despobladas pueden decaer en base a desacuerdos, confrontaciones y decisiones políticas que conducen a los territorios a carecer de inversiones y de empleo.

A la España Rural se le termina siempre menoscabando no solo por visiones ideológicas diferentes sobre proyectos que afectan a su desarrollo, sino por la falta de cooperación entre las diferentes Administraciones local, regional, nacional ante el objetivo común de vertebración y desarrollo de los territorios, que debería partir siempre de las oportunidades que se detectan en ellos. En este caso, Cuenca tiene enormes extensiones de terreno vacías para plantearse proyectos que avalen su sostenibilidad económica, medioambiental y social y esta última debe definirse por lo que quieren los propios pobladores de las Comarcas para el progreso de sus pueblos.

El emplazamiento en la localidad conquense de Villar de Cañas para el ATC fue aprobado en Consejo de Ministros por Mariano Rajoy en diciembre de 2011, tras una convocatoria preliminar de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 que dio la posibilidad a todos los municipios de España de participar en un proceso que estuvo amparado en todo momento por la legalidad y cuyo objeto era encontrar una ubicación donde almacenar, de forma temporal y segura el combustible atómico de las nucleares españolas y guardar otros residuos radiactivos resultantes del desmantelamiento de las nucleares del país. A día de hoy y 9 años después, lo cierto es que Villar de Cañas y su entorno más cercano sigue esperando una respuesta a algo que no ha llegado nunca a terminar de materializarse.

Agotada la excusa regional del Gobierno de Emiliano García-Page con el dictamen del Tribunal Supremo en contra del impedimento medioambiental que hubiera cancelado definitivamente el proyecto, la patata caliente se encuentra ahora en manos del Gobierno Nacional y del Ministerio de Transición Ecológica, órgano responsable de marcar las pautas del Plan Nacional de Residuos Radioactivos y de estudiar la viabilidad en base al coste ya invertido hasta la fecha en este proyecto, antes de paralizarlo definitivamente, teniendo en cuenta que aunque la energía nuclear en Europa siga una tendencia de extinción y de auge de la descarbonización y energías limpias, las centrales en activo necesitan gestionar de alguna forma la acumulación de sus residuos altamente contaminantes.

Resulta quizá más contaminante que decisiones de hace prácticamente una década continúen paralizadas por ser políticamente ingratas o técnicamente complejas, pero aún resulta más erosivo que los responsables de esas decisiones y en este caso el Gobierno de Emiliano García-Page haya jugado desde 2015, durante tanto tiempo, con la esperanza, las ilusiones y el futuro de una provincia despoblada y con el de las personas que lo habitan, aunque cada vez sean menos. Y ahí es donde quiero ahondar en las personas que habitan el territorio, ya que deberían ser ellas las que se encontraran en el centro de las decisiones políticas para así evitar que situaciones como esta se repitan.

Es necesario valorar previamente los proyectos de desarrollo territorial de esta envergadura en términos de Cooperación entre Administraciones y de sostenibilidad económica, medioambiental y social, por lo que antes de iniciarlos y en este caso y ya que no se ha hecho bien desde el inicio, antes de paralizarlos deberían contar con el respaldo mayoritario de las personas del propio territorio, para dar el peso social necesario que requieren y para facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social como marca nuestra Constitución. De esta forma ganaría siempre el poblador, la cohesión y la vertebración de España.

Señores del Gobierno Regional y Nacional, escuchen las necesidades del territorio y ahora que están tratando de Reconstruir España, háganlo también en la más despoblada. Compensen este desaguisado con políticas centradas en las personas, cooperación, partidas presupuestarias excepcionales para la comarca y con la inversión que requiere esta parte del territorio de Cuenca. Alcaldes de los Municipios con un radio de acción cercano a Villar de Cañas, pregunten a sus pobladores si este es el tipo de macroproyecto que desean para su territorio y si es así, expónganselo al Gobierno Regional y Nacional. Este es el mínimo compromiso que deben ofrecer a esta Comarca todos sus intervinientes políticos, para que la activación socioeconómica sea efectiva y pueda ser subsanada la eterna espera a la que ha sido sometida Villar de Cañas y La Mancha Alta de Cuenca. De estas esperas y trabas también sabemos algo en las Tierras de Talavera, con ese AVE que nunca llega.

Yolanda Martínez Urbina.Presidenta de Impulso a la Jara – Asociación de Cooperación para el Desarrollo y la Innovación Social de la Comarca de la Jara