Me considero una persona reformista en lo político. Esto es, si hay algo que no funciona en la Administración Pública o es susceptible de ser mejorado, se busca una alternativa y se cambia.

Sin miedo, que los recursos humanos y económicos son los que son. Con esta perspectiva, he realizado mi tarea de oposición en la Diputación de Toledo como portavoz del grupo de Ciudadanos en este primer año que está a punto de cumplirse.

Afrontar con responsabilidad una crisis como la actual exige hablar de reformas. Y las diputaciones, como órganos de gobierno de las provincias cuya función es la de asegurar la prestación de servicios públicos municipales y la financiación de las zonas rurales con fondos estatales, no pueden pasar desapercibidas ante esa exigencia. La dificultad para afrontar el debate estriba en que estas instituciones provinciales están poco vigiladas por la ciudadanía y son lejanas, incluso, para los medios de comunicación. Para dar luz a esta cuestión, desde mi posición de diputado provincial, voy a analizar si en estos 100 días de estado de alarma la función de asistencia municipal de la Diputación de Toledo ha sido eficaz.

De primeras, esta pandemia ha dejado en evidencia la necesidad de disponer de un sistema de conexión remota que permita establecer teletrabajo para los empleados cuyas actividades son susceptibles de esta modalidad, bajo el cumplimiento de unos requisitos. A pesar de la buena predisposición de los trabajadores, han faltado recursos técnicos y no ha estado operativo como hubiera sido de desear el Teléfono de Asistencia a Municipios, según me han trasladado diversos concejales. La actividad política también se ha congelado durante demasiadas semanas, sin aprovechar las aplicaciones de videoconferencias para la celebración de plenos y comisiones en los que se aprobaran propuestas útiles para nuestros pueblos.

Tampoco se ha aprovechado el confinamiento para avanzar hacia un modelo de información a la ciudadanía acorde a los tiempos. En una situación de emergencia en la que las noticias falsas y las contradicciones continuas con los reales decretos llegaban directamente a nuestros teléfonos móviles, se ha echado en falta que nuestra institución provincial haya ido por delante, informando con rigor y canalizando las propuestas que se sucedían a través de la activación de unas redes sociales corporativas, tal y como han ido haciendo incluso los municipios más pequeños de Toledo.

Por último, veamos si desde la Diputación de Toledo se han desarrollado iniciativas para asegurar la prestación de servicios públicos municipales con el Covid-19 en nuestras calles. En los meses de marzo y abril, los empleados municipales no tenían equipos de protección (EPI) para trabajar con garantías y los ayuntamientos toledanos no han recibido de la Diputación ninguna convocatoria específica para solventar este déficit de material, práctica que sí han llevado a cabo sus homólogas en Guadalajara y Ciudad Real, por ejemplo.

Y, para rematar, mientras los consistorios de la provincia siguen haciendo malabares para cuadrar unos gastos extraordinarios que no estaban previstos cuando aprobaron sus presupuestos para este año, el Gobierno de la Diputación simplemente se ha limitado a lanzar la convocatoria de gasto corriente que publica todos los años, con fondos del Estado y con los mismos criterios subjetivos de siempre.

Si la Diputación de Toledo no ha sido eficaz a la hora de ayudar a los municipios en una situación de emergencia sanitaria y social, dejando a los gobiernos locales prácticamente solos para solventar las dificultades del día a día en esta crisis, estaremos de acuerdo en que esta institución necesita reformarse. Pongámonos manos a la obra.

Julio Comendador Arquero. Diputado provincial y portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Toledo